Se reabre una vez más la investigación sobre el inconcluso capitulo del paramilitarismo en el Urabá antioqueño. El apoyo económico reconocido en un acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos y la multinacional bananera Chiquita Brands le sirvió a la fiscalía para reabrir el caso.

En una sorpresiva declaración, el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre anunció que la fiscalía considera que la preclusión que años atrás dio por terminada la búsqueda de la verdad de la financiación de empresas bananeras a paramilitares, debía ser revocada.

El anuncio del Fiscal significa la reapertura de procesos contra empresas bananeras nacionales y extranjeras que en los años 80´s y 90´s patrocinaron las actividades de las llamadas Cooperativas de Seguridad, Convivir que en realidad serían grupos de autodefensas ilegales. Para Montealegre, el acuerdo entre Chiquita Brands y los Estado Unidos es un hecho “nuevo” que amerita volver sobre los hechos.

“Nuestro interés es abrir la investigación a otras bananeras a ver si financiaron a las Autodefensas”, mencionó el Fiscal Montealegre en una declaración a la prensa, durante un almuerzo de navidad.

Los antecedentes de la investigación señalan el pago de vacunas que alcanzaron la suma de 1,7 millones de dólares para asuntos de “seguridad” y el transporte y almacenamiento de un lote de armas y municiones para Carlos Castaño, jefe en ese momento de las AUC.

También está en cuestión un caso de desvío de armas desde Nicaragua y que se habría dado gracias a que la multinacional extranjera controlaba la zona aduanera mediante sobornos a funcionarios de la Dian.

En ese entonces la multinacional se defendió argumentando que era la única manera de proteger la vida de sus trabajadores, pero para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria “pacificación” del Urabá antioqueño y su expansión por el resto del país.

Todos estos hechos fueron revelados gracias al proceso que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le sigue a la multinacional y que en el 2007 obligó a pagar una multa de 25 millones de dólares por los vínculos con autodefensas. Desde ese entonces la multinacional ha colaborado aportando pruebas y declaraciones para rebajar las multas.

Para el fiscal retoman vigencia las declaraciones de varios paramilitares que en los procesos de Justicia y Paz han relatado en detalle la forma en la se realizaron estos pagos. Uno de ellos Raúl Hazbun, alias “pedrobonito” un jefe paramilitar que conoció la intimidad de la “paraeconomia” y que ha relatado que la multinacional Chiquita Brands le pagaba 3 centavos de dólar por cada caja de banano que exportaba, a fin de que los paramilitares les brindaran la seguridad en la zona de Urabá.

La reapertura de esta investigación ratifica, que pese a que los procesos de Justicia y Paz son lentos y aun son precarios en resultados, sí han logrado recabar en una de las verdades más confusas en la historia del paramilitarismo en Colombia.