Un grupo de ciudadanos de diferentes movimientos y partidos políticos, encabezado por el exviceministro, Luis Ernesto Gómez, presentaron otra demanda, con nuevos argumentos jurídicos, contra el Acuerdo de Valorización aprobado por el Concejo de Bogotá,que afecta a los ciudadanos de a pie de los distintos barrios de la ciudad, y a la vez respaldaron los de la Concejala Ángela Garzón. Lo que aumenta la probabilidad de éxitos de las peticiones.

“El gobierno de Peñalosa se ha caracterizado por excluir de todo a los ciudadanos e imponer con arrogancia su visión de ciudad con una aplanadora clientelista en el concejo. Por fortuna los ciudadanos de Bogotá no tragamos entero, nos informamos y actuamos contra este atropello», indicó Luis Ernesto Gómez

Los demandantes indicaron que existe una indebida planeación, el acuerdo no se compadece con las necesidades de la ciudad, no valoriza los predios aledaños a las obras de que están cobrando y no hubo socialización de los documentos técnicos ni participación ciudadana, lo que evidencia una falta de transparencia en su constitución.

Hay varios ejemplos que lo demuestran. Esta semana el alcalde Peñalosa presentó los componentes de la licitación de Transmilenio por la carrera 7ma que incluye todas las obras de urbanismo y complementarias, y en el Acuerdo de valorización se aprobaron $15.000 millones para las conexiones peatonales transversales al sistema de transporte de la carrera 7ma con calles 73, 79 y 85; lo que indica una clara indebida planeación.

Así mismo, enfatizaron en la ilegalidad del Acuerdo al evidenciar que el mismo le otorga discrecionalidad al IDU para definir el monto de valorización; competencia que es propia del Concejo y que, en este caso, se desprendió de sus facultades y las delego a la administración distrital. “Los atributos prediales para la liquidación y la asignación del monto distribuible serán aquellos contenidos en las bases más actualizadas que suministre la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD al IDU”, indica el Acuerdo en el Parágrafo tercero del artículo 7.

“Como quedó aprobado el texto en el Concejo ni siquiera es claro cuál es la información catastral que sirvió de base como estudio técnico suficiente para adoptar semejante decisión; de modo que, como están las cosas, nada impide que en 2019 Catastro Distrital incremente de modo absurdo el avalúo predial (como infortunadamente ya se volvió costumbre en Bogotá) y con ello se incremente el monto a pagar por contribución de valorización”, manifestó otro de los demandantes.

Adicionalmente, los peticionarios calificaron como inconcebible el cobro por la administración y el recaudo adicional de recursos que se autorizó en el Acuerdo, por $80.000 millones, sabiendo que el Distrito cuenta con un sistema de recaudo para los impuestos ordinarios. “Es una exigencia burocrática que carece de razonabilidad y de un fundamento objetivo. En consecuencia es arbitraria, excesiva y desproporcionada en relación a sus fines”, indicó el exviceministro Gómez.

En la misma línea de la demanda presentada por la Concejala Garzón, manifestaron que existe un error de derecho al pretender que el avalúo catastral del inmueble presupone capacidad de pago y beneficio de los inmuebles que se gravarán, sin evidencia técnica frente a ello. En la fórmula se calcula el valor de la contribución y no si el contribuyente puede pagarla, lo que genera el malestar ciudadano que se ha expresado por estos días por los altos niveles de corrupción en el Distrito y la excesiva carga tributaria.

De acuerdo a la fórmula se debe pagar una contribución menor o igual al impuesto predial. “El alcalde Peñalosa debería presentarle a los Bogotanos ¿Cuál va a ser la valorización de un predio cercano al Centro de la Felicidad (CEFE) para atender a ciudadanos estratos 1 y 2, ubicado en la Calle 82 con 10 de estrato 5 y 6, y cuyo costo ascendió a los $ 80.000 millones?”, agregó Gómez, quien recordó que tampoco se socializaron los datos técnicos en los que se pretenden imponer este tributo antitécnico e ilegal.

Por último solicitaron como medida cautelar, previa a la resolución sobre la admisión de la demanda, decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, ya que al ejecutarse generarían a los bogotanos un eminente perjuicio patrimonial, en atención a que el único cometido del mismo es el cobro y la financiación de la ciudad de Bogotá, mediante la contribución por valorización