La agitación social que vive el país y que se evidenció desde el jueves pasado, demuestra que la pandemia ha hecho de las suyas, perdimos millones de empleos, quebraron miles de empresas y pequeños negocios, cientos de familias han perdido sus hogares y sus oportunidades. La gran tarea que tiene el gobierno nacional y los alcaldes es escuchar y atender las necesidades básicas en medio de la crisis y buscar soluciones de diálogo, negociación y concertación que nos ayuden a salir adelante.

Actualmente Colombia tiene 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria y el 31,3% de personas en esa condición está en Bogotá, es decir, 3.357.585, con un incremento de 1.110.734 personas en el último año, en comparación con 2019, una situación que no amerita sumarle más crisis.

Durante los últimos días de manifestaciones, lamentablemente el común denominador, fue el el daño al bien público y privado en los lugares donde se dieron las concentraciones. Y es que así como acompañamos la voz de quienes consideran que las reformas económicas deben compadecerse con la crisis social, también nos sumamos a las de quienes claman porque han hecho su mayor esfuerzo por mantenerse a flote y quieren generar empleo pero se han visto castigados con cierres prolongados, saqueos y la imposibilidad de trabajar.

Lo que es claro es que el derecho a la protesta no debe anteponerse al derecho al trabajo. En Bogotá, ya se han cerrado definitivamente más de 65.000 establecimientos y los actos vandálicos minimizan y echan abajo los esfuerzos que hacen los ciudadanos por emprender y abrir sus establecimientos.

El comercio actor principal de la reactivación

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó por ejemplo que solo durante las protestas del 28 de abril el comercio formal en el país perdió cerca de $230.000 millones. Un día de protestas implica pérdidas en ventas de más del 80% sin aún cuantificar los costos que implica arreglar los daños ocasionados por los vándalos y los disturbios que no se han podido controlar en las protestas.

Como ya lo he propuesto desde el Concejo de Bogotá, se requieren estrategias como: líneas crediticias preferentes para los comerciantes afectados, horarios escalonados que les permitan recuperar los días de cierre, mayor y mejor capacitación para el emprendimiento y acompañamiento efectivo de la Administración Distrital. La reactivación económica también se convierte en un derecho ante las condiciones de pobreza que existen en el país.

No se trata de estar en contra de la protesta, es un derecho constitucional que debe respetarse; pero debemos ser realistas, pues de esta crisis no salimos afectando a los establecimientos comerciales, y tampoco beneficiando a grandes empresas. Preguntémonos por un momento por los micronegocios como las tiendas de barrio, las peluquerías, las panaderías, las papelerías, entre otros y reflexionemos sobre la cifra que refleja que para 2020 en la ciudad desaparecieron 14.494 de estos micronegocios.

El vandalismo no le hace daño a las instituciones, sino a los ciudadanos de a pie que diariamente necesitan del transporte público, de un servicio, de una cita médica, de un salario que en muchos casos es diario. Solo en Bogotá, Fenalco informó que en los últimos días de protestas, 7 de cada 10 personas empleadas en el comercio, es decir el 70% llegaron con 2 horas o más de retraso a sus lugares de trabajo por los bloqueos y la falta de operación del transporte público.

Además, empresarios de Suba, Usaquén, Santafé y La Candelaria reportaron que entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. tuvieron que cerrar por las manifestaciones y el temor a que los locales fueran vandalizados o saqueados, lo que implicó la caída en ventas en su totalidad. Y el 10% manifestó que sus negocios sufrieron algún daño significativo.

Recordemos por ejemplo que en el caso particular de TransMilenio, los daños ascienden a los $1.200 millones, recursos que pudiesen haber tenido otro destino y los daños en el mobiliarios de la ciudad en los primeros dos días de manifestaciones se contabilizaba en 500 millones de pesos.

El comercio no aguanta más. Comparando las cifras de 2019 vs. 2020 se evidencia que hay reducción en el número de declarantes del impuesto del ICA, pasando de 199.775 contribuyentes a 186.140 para 2020. Y también reducción en los recursos recaudados por concepto de ICA que fue de $2.912.893 a $2.671.181 de un año a otro (Cifras en millones de pesos a precios corrientes).

No hay que ocultar la realidad, ¿si además de la pandemia el vandalismo acaba con los sectores económicos, qué recursos tributarios va a tener la ciudad? De esta crisis salimos juntos, apoyando a quienes generan trabajo, generando oportunidades de ingresos y garantizando el acceso a la educación. #EntreTodosNosCuidamos #ProtestaSiPeroNoAsí

Lucía Bastidas Ubaté

Concejal de Bogotá