La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación de oficio en contra del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez por presuntamente presionar a un grupo de concejales para que votaran el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La intervención de la Fiscalía se dio luego de que el concejal del Partido Verde, Martín Rivera, señalara al funcionario, en medio de una discusión con el funcionario de la alcaldía y los también cabildantes Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino, de “ofrecer puestos a cambio de votar los proyectos del gobierno distrital”.

En las últimas horas, a través de un video, el secretario de Gobierno de Bogotá, reveló que interpuso una demanda contra el concejal Rivera por “calumnia e injuria”, lo que obligó al cabildante a declararse impedido para participar en la discusión y votación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de la alcaldesa Claudia López, lo que retrasó de nuevo el debate.

En medio de su intervención, Rivera preguntó, el por qué sí la denuncia se radicó ante la Fiscalía el 16 de noviembre, se esperan una noche antes de iniciar el debate en el concejo para darla a conocer. El cabildante reiteró sus dudas ante la actuación del gobierno distrital en el trámite de este proyecto.

La plenaria del Concejo fue citada para tramitar el impedimento del concejal Martín Rivera, para que la Comisión Permanente del Plan de Desarrollo haga el llamado para primer debate del proyecto de POT, a quien le queda poco tiempo para ser discutido por el cabildo distrital. En el caso de que esto suceda la alcaldesa Claudia López podrá aprobarlo por decreto.