El Distrito reclamó a la Corporación Autónoma de Cundinamarca y al Consorcio CEPS (conformado por la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Aktor Technical Societe y la colombiana Cass Constructores y Compañía), por las deficiencias que presenta la planta de tratamiento del Salitre.
La Empresa de Acueducto y la Alcaldía de Bogotá mostraron su preocupación porque el contrato se acaba en 53 días y al día de hoy no hay mejoras.
Uno de estas fallas se encuentra en el sistema de monitoreo, automatismo y control (SCADA) de la planta que, según los reportes, “no funciona, presenta deficiencias, y áreas completas desconectadas del sistema que están conectados, pero sin funcionar”.
Según el Distrito, “esta situación hace imposible la operación automática de la planta como exige el contrato, e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo”.
Otra de las alertas que presenta la Alcaldía tiene que ver con el 31 % de los equipos críticos que están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas.
Anualmente, el Distrito le gira a la CAR $545 mil millones de pesos del impuesto predial que recauda en la ciudad. A la fecha, la inversión que Bogotá ha hecho para financiar la ejecución de la obra de la PTAR Salitre asciende a la suma de $1,3 billones de pesos.
La Alcaldía hace un llamado a la CAR y al contratista CEPS, como responsables del proyecto para que cumplan con los términos firmados y dejen la obra a satisfacción: “Los recursos de todos los bogotanos están en riesgo. La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por impuesto predial a la CAR. Si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos (a través de las tarifas), para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento” dice el comunicado del Distrito.
“La CAR y el contratista CEPS, como responsables del proyecto, deben cumplirles a los bogotanos por una planta de tratamiento en óptimas condiciones, y por el cabal cumplimiento del contrato para garantizarle a la ciudad su operación con el fin de lograr la descontaminación del Río Bogotá”, puntualizó.
