El concejal, Rubén Torrado, en un debate en el Cabildo Distrital cuestionó la labor de La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la agencia Invest in Bogotá por la ejecución de un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana.

El convenio está destinado a destinado a fortalecer 65 empresas a través de analítica de datos. En este contrato fueron encontradas algunas irregularidades en la contratación directa, al evidenciar que hubo cotizaciones de menor valor y que no se justificó técnicamente la elección final de la universidad contratada, así lo denuncio el concejal Torrado.

Torrado además expuso sus dudas por la manera como se ha venido ejecutando también el convenio con el Banco Agrario, donde se lo expuesto, «a pesar de contar con una inversión de 280 millones de pesos, el programa terminó excluyendo a quienes más lo necesitaban, al imponer como requisito no haber tenido créditos vigentes en los últimos 12 meses. Como resultado, para marzo de 2025, apenas cuatro personas habían logrado acceder a los desembolsos».

Además, recordó que en 2023 un convenio similar con el Banco Agrario tuvo un cumplimiento de apenas el 2.6%, pese a haber contado con un presupuesto de 1.300 millones de pesos, precisamente por las barreras impuestas a los campesinos.

Torrado concluyó que este tipo de convenios no responden a la realidad que enfrentan los campesinos, ni constituyen una herramienta eficaz para facilitar su acceso a mecanismos formales de financiación.

“A quién se le ocurre pedirles a los campesinos que tengan una historia crediticia impecable para poder darles un crédito. Precisamente necesitan créditos porque no tienen acceso al sistema financiero como otro tipo de población. Ese es el problema de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo económico: lideran desde el escritorio completamente alejados de las dinámicas y realidades de la ruralidad bogotana”, señaló Torrado.

Además, cuestionó que, pese a que Invest In Bogotá administra actualmente un presupuesto anual cercano a los 10.000 millones de pesos, destinados exclusivamente a atraer inversión extranjera directa a la ciudad, las cifras muestran que dicha inversión no se ha recuperado. Señaló, además, que desde que la señora Isabella asumió la dirección en 2021 y hasta la fecha, Bogotá ni siquiera ha logrado recuperar los niveles de inversión extranjera directa que se tenía en 2016.

Por otro lado, esta misma empresa suscribió el convenio 733 de 2025 por un valor de 326 millones de pesos, de los cuales destinó 178 millones a ruedas de negocio y 70 millones a la producción de contenidos promocionales, que según los informes de ejecución cargados a SECOPII, fueron elaborados con inteligencia artificial.

Torrado lamentó que la SDDE no respondiera preguntas puntuales planteadas desde febrero en su primer debate, ni entregara informes claros sobre programas como Hecho en Bogotá o sobre la estrategia de apoyo a los comerciantes afectados por obras de infraestructura.

Finalmente, hizo un llamado urgente a los órganos de control para revisar la pertinencia y eficacia de las estrategias del sector económico, y reiteró que los recursos públicos no pueden seguir manejándose como si fueran privados.

“La falta de resultados, las omisiones, y la desconexión con la realidad de la ciudad y del campo, hacen necesario un cambio profundo en la forma como se gestiona el desarrollo económico de Bogotá”, concluyó.