La Superintendencia de Industria y Comercio denunció a un grupo de empresas que habría cartelizado para quedarse con un buen número de licitaciones de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá para la compra de refrigerios escolares para los 700.000 estudiantes de colegios públicos.

Los hechos investigados se presentaron entre los a los 2007 y 2017 e involucra a las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. El ente de control estableció una multa de 28 mil millones para estas empresas, quienes no podrán contratar con el Estado.

Según la investigación, las empresas acudieron a toda clase de estrategias para lograr su objetivo, entre ellas crear una asociación que se encargaba de presentar tutelas y otros recursos jurídicos para torpedear los cambios que la Secretaria de Educación quisiera hacer en los métodos de contratación. Al interior de esa asociación se ponían de acuerdo en cuánto cobrar o en si se presentaban o no a las licitaciones.

Por estos hechos la SuperIndustria y Comercio remitió el expediente para que la Procuraduría General de la Nación investigue y establezca las posibles relaciones de los funcionarios públicos que manejaron las licitaciones.