La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, ha comparecido este lunes ante el Senado para defender su inocencia de los cargos que se le imputan y presentarse como una defensora de la democracia, días antes de que la Cámara vote si le suspende definitivamente de su cargo.
“No lucho por mi mandato por vanidad o por apego al poder” sino que lo hago, ha dicho, “por la democracia, por la verdad y por la justicia”. Rousseff, que ha recordado su propia trayectoria personal, ha sostenido que entre sus defectos “no están la deslealtad y la cobardía”.
“Vengo a mirar en los ojos a sus excelencias y decirles que no cometí el delito de responsabilidad” del que se me acusa, ha asegurado, insistiendo en que las acusaciones en su contra “no pasan de pretextos, basados en una frágil retórica jurídica”.
“Lo está en juego en el ‘impeachment’ no es mi mandato, es el respeto a las urnas, a la voluntad del pueblo y a la Costitución”, ha insistido Rousseff, que ha vuelto a hablar de “golpe” contra la Carta Magna.
La votación final será el punto final de un proceso que remece al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito en una clase política embarrada por escándalos la corrupción.
Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato, el PIB retrocedió 3.8% en 2015 y proyecta caer 3.1% este año, el desempleo trepó hasta alcanzar a un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el rojo fiscal estimado supera los 45.000 millones de dólares.
A eso se le sumaron las revelaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), una red política-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2.000 millones de dólares.
¿Irreversible?
El pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación. Los aliados de Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.
Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar de artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución.
Su defensa aduce que las prácticas cuestionados también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.
Jurado cuestionado
Rousseff juega su última carta ante un Senado que tiene al menos un tercio de sus 81 miembros bajo la lupa de la Justicia o ya procesados por casos de corrupción.
Fue la senadora Gleisi Hoffmann (PT), también investigada, quien abrió la caja de Pandora el jueves pasado durante el primer día del juicio.
“¿Cuál es la moral de este Senado para someter a juicio a Dilma?”, preguntó, desatando una andanada de agravios.
Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en caer a manos del Congreso en 24 años, después de Fernando Collor, hoy un senador que respalda el impeachment.
En ese caso, esta guerrillera marxista en su juventud, economista de carácter estoico y poco afecta a la negociación, dejará definitivamente el Palacio de Planalto, sede del gobierno, con una popularidad cercana un dígito.
Una diferencia notable con el inicio de su gobierno, cuando Rousseff asumió el poder en 2010 con una economía pujante que atraía a inversores de todo el mundo.
Pero el partido fundado por Lula -que presidió Brasil entre 2003 y 2010- se fue apagando tras cuatro gobiernos consecutivos.
Ahora, esta fuerza que inspiró a la izquierda regional al sacar 30 millones de brasileños de la pobreza, según el Banco Mundial, y eliminar Brasil del mapa del hambre, ve apagar su estrella tras cuatro ciclos consecutivos en el poder.
