El excongresista y productor de cine y televisión, Gustavo Bolívar aseguró en una reciente entrevista para la Revista Semana que al interior del Congreso de la República existe un grupo de senadores que utilizan su poder al interior del legislativo para gestionar contratos a jovencitas, para luego exigirles sexo como contraprestación.

“Aprovecharon su posición para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses”, dijo Bolívar en el diálogo.

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La declaración causó revuelo en la opinión pública porque una vez más puso en entredicho la reputación del órgano legislativo en Colombia.

En las últimas horas la fiscalía general de la Nación abrió investigación a la que será llamado el excongresista para que explique lo que conoce del asunto.

Tan pronto se conoció la noticia, el abogado Daniel Briceño, anunció demanda al exsenador por no haber informado sobre esa red a las autoridades.

¿Explotación sexual en el Congreso de la República?

La existencia de un grupo de senadores que aprovechan su posición para supuestamente seducir jovencitas a cambio de un contrato de prestación de servicio en alguna de las oficinas del legislativo, es un rumor que desde años atrás ha perseguido al Senado y a la Cámara de Representantes, asegura una fuente de Confidencial Colombia que pide no ser identificada.

“Muchos lo dicen, pero nadie lo corrobora ni lo sostiene en público para no ver su integridad en peligro ni perder su puesto”, asegura esta persona.

De acuerdo con la denuncia de Bolívar, los congresistas que acuden a esta práctica les consiguen contratos a jovencitas amigas o recomendadas, por un tiempo de dos o tres meses en la modalidad de prestación de servicios.

Como el tiempo de la obligación contractual es tan corto, estas señoritas, según el excongresista, están obligadas a buscar de nuevo al senador, quien muy seguramente pedirá algo a cambio.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Confidencial Colombia, “el senador solo debe ubicar la oficina en donde puede ubicarla, que puede ser una de la parte administrativa, alguna de las comisiones, la de prensa o incluso de su misma unidad de trabajo legislativo, si cuenta con el cupo y los recursos. La contraprestación que el o la contratista debe dar, viene una vez se firma el contrato y el acta de inicio”.

En el período 2018 -2022, la senadora Aida Avella pidió a las oficinas administrativas de Cámara y Senado acabar con la modalidad de contratistas para oficinas como la de prensa o sistemas, por ejemplo, porque según ella, estas tienen actividades permanentes que bien pueden cumplir para que el personal sea nombrado en la planta del legislativo.