El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, que se aprobó mediante Decreto 555 de 2021, negó la posibilidad de hacer un amplio debate político y de concertación sobre los diversos intereses de la ciudadanía de Bogotá, que sí estaban representados en el Concejo de Bogotá. Si el POT se hubiera aprobado por medio de un Acuerdo del Concejo de Bogotá, en lugar de un decreto de la Alcaldía, con seguridad tendría una mayor legitimidad democrática.

La negación de la participación social y política dentro de este proceso de revitalización urbana habilitará la gentrificación de las mejores zonas de la ciudad a través de las estrategias de ocupación territorial denominadas “Actuaciones estratégicas” que se definieron en el POT 555 de 2021.

Se conoce como gentrificación al fenómeno social y económico que ocurre en ciertas áreas urbanas o rurales en las cuales se da un desplazamiento de la población antigua y un repoblamiento con nueva población con mayores ingresos económicos.

Por su parte, las “Actuaciones Estratégicas” son herramientas de planeación y ejecución de acciones dirigidas a impulsar la renovación y revitalización urbana por medio de la enajenación voluntaria o expropiación, demolición de edificaciones y la construcción de nuevas edificaciones de mayor altura con una mayor densidad poblacional por hectárea construida.

Existe un riesgo latente de que, a través de las Actuaciones Estrategias, que son de utilidad pública, se pongan herramientas del sector público, como la planeación urbana y la expropiación, en función de los intereses privados del sector inmobiliario y de las empresas del sector de la construcción.

Además, los riegos asociados a la implementación de este modelo de ocupación territorial se encuentran relacionados con la toma de decisiones poco democráticas sobre el futuro de los barrios y la ciudad, la compra de inmuebles y el pago de indemnizaciones por expropiación con un valor por debajo del precio comercial de las edificaciones antiguas y la expulsión de antiguos moradores de los barrios en un proceso llamado gentrificación.

A ello se suma, como lo han advertido diferentes veedurías ciudadanas, como las de Barrios Unidos, que el mecanismo de “Protección a Moradores y Actividades productivas”, previsto en el POT, no genera confianza sobre la forma y el tiempo en que se implementaría. Aunque la Administración Distrital ha realizado algunas reuniones de socialización de las Actuaciones Estratégicas, la participación ciudadana ha sido mínima y el tiempo de exposición de los proyectos para cada zona no ha sido suficiente.

Sin duda alguna, el crecimiento del número de habitantes de una ciudad plantea un dilema de planificación urbana. Sin embargo, la utilidad pública sobre la cual se erige esta estrategia de ocupación no debe ser violatoria de los derechos a la vivienda de quienes históricamente han habitado esos territorios. La participación social y política genera espacios que permiten la construcción de un modelo de ocupación territorial justo y no de negocio que beneficia únicamente al sector inmobiliario y de construcción.

Diego Andrés Cancino