Es el nombre de la película ganadora del Oscar, pero también podría ser el título de más de una estrategia del gobierno. Especialmente de su política de paz en la que todos hemos puesto esperanzas, pero de la que en realidad sabemos muy poco. Para rematar, el presidente Petro hizo unas declaraciones contra el acuerdo de paz con las FARC, donde asegura que el acuerdo quedó mal hecho, para sufrimiento de los miles de combatientes, desesperados por el incumplimiento, y especialmente afectados por el reciente desplazamiento del ETCR de Mesetas.

Como el título de la película, la paz total requería que se cumplieran la totalidad de las premisas bajo las que se formuló la idea: todos los actores, negociar al mismo tiempo, y en todas partes, con un equipo demasiado pequeño para el tamaño del reto, mientras otras agendas estatales iban a su ritmo adelantando otras reformas. Sin esas premisas, la mesa está totalmente coja y hay que replantear qué hacer. Recapitulemos.

Por una parte, ya no están todos los actores (es altamente probable que no haya mesa con el Clan del Golfo) y la ley de sometimiento si bien es un buen negocio para quiénes están en la cárcel, no necesariamente para los que están por fuera. Es una ley que se hizo para los grupos que sientan que su posición peligra y prefieran ganar un 6% que perder el 100. Ese no es el caso.  Si no es el Clan del Golfo quien se somete a esa ley, se pueden hacer negociaciones con grupos menores como los Pachenca en la Sierra Nevada, pero sin grandes impactos. Si uno queda afuera, la paz total ya no es total, y volvemos al bucle del reciclaje de grupos.

Con el ELN se hizo un pomposo cierre del segundo ciclo y se anunció una agenda importante, que se ha defendido con ahínco por parte de la mesa. Incluso José Félix Lafourie dirigió un comunicado a Humberto de la Calle explicando por qué para su sector, el ganadero fue más fácil aceptar la negociación con el ELN que con las FARC. Pero al mismo tiempo, el ELN en sus pronunciamientos defiende con demasiada vehemencia sus recientes ataques tanto a la fuerza pública como a la población civil, escudados en que son ellos los llamados a “limpiar” el territorio de los males que lo aquejan.

Finalmente, con las disidencias también el gobierno está en una posición complicada. Por muchos baches que tenga el acuerdo con las FARC, su cumplimiento es una obligación del Estado Colombiano, y especialmente la protección de la vida de sus firmantes debe ser una prioridad. En zonas como Arauca, Meta-Guaviare, Putumayo, Cauca y Nariño no está funcionando ningún cese y por el contrario las cifras muestran un preocupante aumento de la agresión de todos los grupos contra las organizaciones sociales, especialmente las indígenas. Incluso, la presión de los grupos a las organizaciones comunitarias está completamente desbordada.

Ahora mismo hay más frustración entre grupos que ambiente de negociación. Y la única mesa que está instalada, que es la mesa del ELN, insiste en que son el único grupo que tiene el carácter político necesario para que se hable de proceso de paz. Una es la frustración de la ciudadanía y sus manifestaciones, y otra es la frustración de prácticamente todos los grupos armados del país, al mismo tiempo y en todas partes.

Finalmente, pareciera que el gobierno no entendiera que el mundo de hoy no es el mismo mundo en el que negoció el presidente Santos. La comunidad internacional, que otrora acompañó tan fervorosamente el proceso de paz e incluso hizo su mejor intento para que éste no fuera completamente saboteado, está agotada de apoyar un estado que incumple, y en una región poco importante para la geopolítica de hoy. A la menor duda, retirarán su apoyo. Diplomáticamente, eso sí. Sin garantes internacionales, es difícil mantener los apoyos que requiere un proceso de paz.

A esto hay que darle una vuelta. El gobierno debe volcarse a la presencia territorial, esa sí con método, recursos e instituciones. La paz total necesita con urgencia a la seguridad humana que se ha anunciado por parte del gobierno, pero que aún no llega. Es imperativo que el estado haga presencia territorial y sí, en muchos casos esta presencia debe ir acompañada de fuerza pública. Con total respeto a los derechos humanos, por supuesto. De lo contrario, la cancha de los incentivos, que es donde se juega la realidad, seguirá estando gravemente desbalanceada en contra del gobierno, de la ciudadanía y de las comunidades que son quiénes actualmente sufren las confrontaciones violentas. Ningún grupo negocia donde cree que ya ganó.