Colombia ocupa el tercer lugar entre 8 países latinoamericanos en un ranking que mide la capacidad para sacar a la luz, castigar y detener la corrupción.

Se trata del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que realizan Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), la organización empresarial más influyente del hemisferio, y Control Risks, la firma especialista en consultoría de riesgos.

El Índice CCC observa 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo investigativo y el nivel de los recursos disponibles para combatir el crimen de cuello blanco. El índice se basa en información extensiva y en una encuesta patentada realizada entre expertos líderes de anticorrupción de Control Risks, la academia, sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado.

La edición inaugural del índice CCC incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, países que colectivamente representan casi el 90% del producto interno bruto de América Latina y el Caribe.

«Una oleada anticorrupción ha arrasado América Latina en los últimos cinco años, llevando a figuras poderosas a la cárcel e impactando los resultados electorales. El Índice CCC nos da una herramienta comparativa para entender mejor este fenómeno y para destacar por qué algunos países han tenido mayor éxito al enfrentar el problema de la corrupción sistémica», dijo Roberto Simon, Director Sénior de Políticas Públicas de AS/COA.

El país con el puntaje general más alto en el Índice CCC es Chile (6.66 de 10), lo que significa que es considerado como el país con mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción. Le siguen a Chile Brasil (6.14), Colombia (5.36) y Argentina (5.33) virtualmente empatados por el tercer lugar, Perú (5.17), México (4.65), Guatemala (4.55) y, en un lugar más alejado, Venezuela (1.71).

Según Geert Aalbers, Socio Sénior en Control Risks, el Índice CCC ofrece a los negocios un entendimiento exhaustivo de los matices en los desafíos por cumplir con las normativas en América Latina. «Las compañías están interesadas en qué tan bien equipados están los países para combatir la corrupción, y cómo lo están haciendo efectivamente», dijo Aalbers.

El Índice CCC proporciona una perspectiva sobre cómo los países de la región están lidiando con la corrupción y está diseñado para ser leído en combinación con otros índices clave sobre el tema.

«Con el tiempo, mayores niveles de aplicación de la ley en la región llevará a las compañías a investigar delitos y a invertir con mayor fuerza en medidas de cumplimiento, las cuales reforzarán la creación de un ambiente de negocios más transparente», añadió Aalbers.

El puntaje general está compuesto por tres subcategorías que dividen las 14 variables analizadas: capacidad legal; democracia e instituciones políticas; y la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado.

Capacidad Legal

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficiencia de las agencias anti-corrupción

Acceso a información pública y transparencia gubernamental a nivel general

Independencia y recursos disponibles para la Oficina del Fiscal Nacional o equivalente y sus investigadores

Nivel de experiencia y recursos disponibles para combatir el crimen de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de indulgencia y acuerdos de culpabilidad

Nivel de cooperación internacional sobre cuerpos policiales

Democracia e Instituciones Políticas

Calidad y exigencia de la legislación sobre financiamiento de campañas

Proceso de legislación y fallo

Calidad general de la democracia

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y el Sector Privado

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras a la educación

Calidad de la prensa y el periodismo investigativo

Comunicaciones digitales y redes sociales

El Índice CCC será actualizado anualmente, haciendo seguimiento a la trayectoria de los países en el ámbito de la anticorrupción.

Más que medir los niveles de percepción de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países basándose en cómo éstos efectivamente son capaces de combatir la corrupción. Los países con un puntaje más alto tienen una mayor probabilidad de procesar y castigar a los actores corruptos.