Un reciente informe revela que cada día más compañías y organizaciones privadas están vinculadas a fraudes y conductas ilícitas relacionadas con el mal manejo de recursos económicos.

Casos relacionados a fraude, soborno, lavado de activos, evasión de impuestos y, en general, cualquier tipo de trampa a la ley que cometen las empresas o las personas que actúan en su nombre para beneficio propio, crecieron por lo menos 60 % en el último año.

Así lo confirma el más reciente Informe Global de Fraude y Riesgo, elaborado por la consultora Kroll, en el que se evidencia que el 78 % de las compañías y organizaciones colombianas han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años, ubicando a Colombia como el tercer lugar en Latinoamérica en el que se cometen mayores hechos asociados a fraude empresarial. Los sectores más comprometidos por estas malas prácticas son: transporte, ocio y turismo, la banca y las telecomunicaciones.

Si bien todas las compañías, sin importar su tamaño, tienen riesgo de caer en estas actividades ilícitas, las grandes organizaciones son las más propensas a cometer este tipo de conductas y es el soborno el delito que más las compromete. Este dato lo soporta un estudio de la Universidad Externado, que confirma que el ofrecimiento de coimas, como el pago para agilizar trámites o donaciones políticas, es una práctica generalizada en el empresariado. Por su parte las Pymes, que no están exentas a la corrupción, se han visto involucradas a hechos ilegales asociados a la manipulación de cheques y a la alteración del pago de nóminas.

La impunidad para castigar estas conductas ronda el 94 % ¡Alarmante!

De acuerdo con Mercedes Cevallos, abogada, auditora forense y fundadora de la firma Cevallos Holguín, la corrupción persiste en el país, en parte, debido a la poca efectividad de la justicia para judicializar estas acciones. “Solo entre los años 2010 y el 2023, según datos de Transparencia por Colombia, las denuncias asociadas a corrupción llegaron a 57.582 casos, de las cuales el 93.99 % hoy no tienen condena, el 89.7 % siguen sin captura y el 77.15 % están en proceso en indagación”.

Otro motivo por el cual este delito tiene contra las cuerdas al país, son los vacíos legales que hacen que el sector privado sea cómplice o termine involucrado en irregularidades. “Esta entidad advierte que las principales conductas de corrupción se manifiestan generalmente en el financiamiento de campañas políticas, la captura de procesos de contratación arreglados a su favor, la legalización de transacciones mediante el lavado de activos y la creación de carteles o restricciones a la libre competencia”, agrega Cevallos.

Asimismo, las nuevas tecnologías están significando un riesgo para la práctica de estas conductas. ¿Por qué? En una de las reuniones de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción, del Banco Mundial, se expuso cómo la gestión de documentos digitales está facilitando la desviación de fondos, comisión de delitos económicos o patrimoniales, apropiación de recursos o la pérdida de evidencia en las investigaciones antifraude.

Aunque avanza la lucha contra la corrupción corporativa, sus avances son incipientes

El país ha dado pasos importantes que han permitido robustecer las herramientas con las que cuentan la ciudadanía y el sector privado para prevenir, detectar, controlar y reaccionar este tipo de conductas.

Una de estas tiene que ver con la creación de canales seguros para que cualquier colaborador, cliente, proveedor o persona en general pueda dar a conocer cualquier tipo de irregularidad que se pueda presentar en su interior. Esto con el fin de estimular la cultura de la participación y la sanción social contra el cohecho.

Otro instrumento es el apoyo de firmas externas en las investigaciones internas. De hecho, hoy el 98 % de las organizaciones consultadas para el Informe Global de Fraude y Riesgo han solicitado su ayuda. En este escenario hay iniciativas como el Laboratorio Forense de investigación antifraude y corrupción corporativa de Cevallos Holguín, el primero en Colombia y uno de los más grandes y especializados del continente, que tiene como base la experticia en diferentes ciencias forenses aplicadas a la detección del fraude y la corrupción y en aquellas normas técnicas emitidas por organismos internacionales para su prevención.

Este laboratorio orienta las investigaciones internas hacia el recaudo de los elementos de prueba necesarios para que las empresas tomen decisiones respecto a la existencia de conductas delictivas o antiéticas que puedan comprometer a cualquier miembro de la organización, de la mano de expertos en la detección de estos punibles y tecnología con auditoría forense, informática judicial, entre otras técnicas.