La cifra fue dada a conocer por el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, que identificó y sistematizó 327 hechos de corrupción reportados en 46 medios de prensa entre enero de 2016 y julio de 2018.

De acuerdo con estos datos la Corrupción Administrativa ocurre en el 73% de los casos, siendo el proceso de contratación pública el más afectado.

Los hechos de corrupción se concentraron mayoritariamente a los sectores de Educación (16%), Infraestructura y Transporte (15%) y Salud (14%).

En 207 hechos de corrupción de los identificados en este estudio, se indica que están en juego cerca de $17,9 billones.

El 59% de los hechos de corrupción violaron Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 39% Derechos Civiles y Políticos y el 2% Derechos Colectivos y del Medio Ambiente.

Es urgente proteger los procesos de contratación pública de los corruptos. La mayor alerta está en el nivel territorial. Las autoridades públicas y los órganos de control están obligados a proteger la inversión pública. Las víctimas que deja la corrupción deben ser reparadas, señaló el organismo.

Para Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, «para poder combatir la corrupción es necesario revisar, analizar y detallar la información relacionada con los hechos y de esta manera establecer mecanismos más robustos para un problema que cada día es más complejo».

La Corrupción Administrativa (73%), que corresponde al manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas por parte de funcionarios públicos, obtuvo el mayor número de hechos de corrupción identificados en este registro, seguida por corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7%).

De los hechos asociados a la corrupción administrativa, los procesos de contratación pública (46%) continúan siendo el principal problema.

Los hechos de corrupción afectaron mayoritariamente a los sectores de Educación (16%), Infraestructura y Transporte (15%) y Salud (14%). Son justo estos tres sectores a los que se les destina la mayor parte del presupuesto de inversión del país, al tiempo que son determinantes para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

En 207 hechos identificados por el Monitor Ciudadano de la Corrupción, se indica que están en juego cerca de $ 17,9 billones de pesos, equivalente a la mitad del presupuesto de inversión del gobierno nacional en el sector educativo en 2018.

Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, se evidencia que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De estas últimas, el 41% fueron Concejales y el 40% Alcaldes, seguidos por Gobernadores (10%), Diputados (7%) y Senadores (2%).

De los actores involucrados en hechos de corrupción en un tercer lugar con un 16% se encuentran miembros del sector privado, demostrando la corresponsabilidad que ha adquirido este sector en la ocurrencia de hechos de corrupción.

De los 327 hechos identificados, el 69% son de alcance municipal, el 25% del nivel departamental y un 6 % de hechos restantes correspondieron a hechos de alcance nacional.

Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción identificados en el Monitor Ciudadano afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% derechos civiles y políticos, y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente.

Las cifras reveladas por Monitor Ciudadano demuestran que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas, por lo que es fundamental reparar el daño que ocasiona este flagelo no sólo con penas punitivas y con la recuperación de los activos sustraídos al Estado, sino con un resarcimiento material e inmaterial del daño que esta ilegalidad causa en la sociedad.

«Si hay algo que tiene que ser priorizado urgentemente es la contratación pública y el fortalecimiento de la capacidad del estado a nivel territorial, no podemos seguir con capacitaciones y nuevas normativas que no apuntan a los principales problemas, requerimos aumentar los sistemas de detección, prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción, además de poner a las víctimas de la corrupción en el centro de esta lucha», concluye Hernández.