Finsocial anunció el lanzamiento de la titularización por $50.000 millones de pesos de su cartera de libranzas. Estructurada por la firma colombiana Pronus Capital a través del Segundo Mercado y adquirida por fondos administrados por entidades financieras vigiladas, esta titularización es la primera de su naturaleza en Colombia, al ser de libranzas originadas por una entidad no regulada y estructurada por una banca de inversión no vigilada.

La operación se estructuró sobre una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a cinco años, respaldados por créditos de libranza para docentes públicos y pensionados, empréstitos protegidos por sendos anillos de seguridad, y originados y administrados por Finsocial.

En el sistema financiero, alcanzar esta colocación representa un gran espaldarazo de confianza por parte del mercado de capitales y de los inversionistas institucionales a la solidez del modelo de riesgo y administración de cartera de Finsocial y ratifica el buen momento de Finsocial, compañía reconocida como la fintech más grande del país, la cual en el último año ha recibido respaldo de fondeadores de la talla de Morgan Stanley, Symbiotics, Bancoldex, Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancoomeva.

Para Santiago Botero, CEO de la financiera digital enfocada en la originación de créditos de libranza para docentes públicos y pensionados la culminación de ese proceso es un estupendo hito para la historia de la compañía. “Es el resultado que uno espera ante el esfuerzo, la mística y el talento del increíble equipo que me acompaña”. Convencido de que tener a Dios como socio le ha permitido alcanzar los mayores objetivos para la firma que hoy cuenta con más de 600 empleados, Botero asegura que la titularización coloca a la firma, enfocada en la gente, en una liga que le permitirá crecer mucho más y continuar con la robusta gestión que realizan en la base de la pirámide.

La emisión cuenta con una calificación de Fitch Ratings de ‘A(Col)’ con Perspectiva Estable. En su reporte, Fitch reconoció como un aspecto clave de la calificación que la titularización cuenta con protecciones estructurales adecuadas, lo que denota una estructura sólida, financieramente robusta y diseñada para mantener un adecuado rendimiento inclusive en condiciones extremas de mercado, incluidos los efectos esperados a nivel social y económico de la pandemia del COVID-19.