Un grupo de congresistas envió una propuesta dirigida al Ministerio de Salud y a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que busca financiar el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tal como lo ordenó la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025 sobre la insuficiencia de la misma.

Este grupo está conformado por los representantes a la Cámara Cathy Juvinao, Katherine Miranda, Piedad Correal, Julia Miranda Londoño, Juan Sebastián Gómez, Carolina Arbeláez, Alejandro García y Cristian Avendaño.

Los congresistas proponen al Ministerio de Salud, realizar un traslado de 2.7 billones de pesos del rubro de “Apoyo a Programas de la Ley 100”, que para 2025 cuenta con 4.3 billones de pesos, al rubro de “Aseguramiento en Salud”. De este modo, se ajustaría el rezago de la UPC para las vigencias 2021, 2022 y 2023 con recursos de funcionamiento ya apropiados y sin necesidad de nuevas reformas tributarias ni de nuevos recursos.

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Desde febrero de 2024, la representante Cathy Juvinao alertó sobre las deficiencias en la metodología y el cálculo del ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante un control político realizado al Ministerio de Salud en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En ese momento, Juvinao destacó que dicho ajuste se había realizado con proyecciones de inflación inferiores a la real, lo que resultó en un decrecimiento real del 4.55%. Además, señaló que para el año 2025, el ajuste tampoco reflejaría un crecimiento real (5.3%), ya que solo se consideró la inflación, sin incorporar otros factores relevantes.

Por otro lado, los representantes han señalado la existencia de un rubro de gran importancia en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud: “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993”. Este rubro ha experimentado un incremento significativo y poco justificado en los últimos años, pasando de asignaciones de $148 mil millones en 2022 a un presupuesto proyectado de $4,3 billones para 2025. Esta variación ha generado preocupación entre los legisladores, quienes cuestionan la asignación de recursos y la falta de claridad en su justificación.

Consideran además, que a pesar de su radical incremento, se ha evidenciado poca claridad en la ejecución de dicho rubro por parte del MinSalud: 44 hospitales que en su mayoría evidencian 0% de ejecución (con corte a noviembre de 2024) y miles de supuestos equipos básicos de salud que, aunque el ministerio señala que ya hacen presencia en todo el territorio nacional con aproximadamente 10 mil unidades, la cartera no ha reportado información detallada de dónde están esos equipos, quiénes los conforman, cuánto cuestan y, más importante aún, qué resultados han generado. Si a lo anterior se suma que para la ejecución de este rubro para 2024 fue del 38% y para 2023 fue del 10%, los representantes solicitan un traslado presupuestal inmediato de 2.7 billones inicialmente, cifra que, según la Corte Constitucional saldaría el rezago 2021-2023.

Los representantes a la cámara insisten en la viabilidad de esta propuesta sin generar impacto fiscal y sin necesidad de tramitar una nueva Reforma Tributaria, al tiempo que le solicitan al presidente Gustavo Petro cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional sin más dilaciones, en línea con su promesa de garantizar el derecho fundamental a la salud para todas las y los colombianos.

La solicitud la elevaron en momentos en que la Cámara de Representantes retomó la discusión del proyecto de reforma a la salud, que se debitará en sesiones extras citada por el Gobierno Nacional.