La Superintendencia Financiera anunció que se está dando la revisión final al marco regulatorio con el que se busca reglamentar todo lo relacionado con los activos virtuales en Colombia.
La confirmación se hizo durante Laft América, congreso que aborda los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por Asojuegos, gremio que reúne a las principales empresas del sector de juegos de suerte y azar.
En el proyecto de ley que será llevado al Congreso de la República han venido trabajando MinTic, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Policía Nacional. César Reyes, superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo de la Superfinanciera, dijo que con este proyecto “se pretende dar legalidad a un tema que tiene zonas grises, como, por ejemplo, que no se ha establecido a quien le corresponde la supervisión de la actividad”. Al respecto, el alto funcionario explicó que se revisa si la Superfinanciera debería ser el supervisor. Con esto, los nuevos vigilados deberían aplicar los estándares que, como supervisor, se les exige a las industrias que ya son vigiladas.
Vale la pena mencionar, bajo qué concepto se está trabajando esta ley que, una vez se expida, se reglamentará vía decretos. Así las cosas, se define como activo digital “la representación digital de valor o de derecho que puede utilizarse con fines de pago o de inversión, así como crearse, transferirse y almacenarse mediante la Tecnología de Registro Distribuido o similares”.
Así las cosas, lo que se busca con la regulación es: apoyar la innovación y competencia; proteger a los consumidores e inversionistas; adoptar sistemas integrales de riesgos; formalizar y legalizar la actividad y proporcionar seguridad jurídica.
Este marco normativo está inspirado en la regulación europea y en estos momentos las partes involucradas le están haciendo las últimas revisiones.
La intervención de la Superfinaciera fue parte de la intensa agenda que Asojuegos, por octavo año consecutivo, desarrolla a través de Laft América, el congreso que pone a hablar al país sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, y que se dirige al sector real y diferentes profesiones, oficios o empresas que pueden estar expuestas a estos delitos.
