Miguel Ángel Díaz*
Política económica
El desastre ocasionado por la pandemia, que ha dejado cifras alarmantes de fallecidos, desempleo y caída de la economía; no tiene precedentes, exceptuando la primera y segunda guerra mundial o la gran depresión de 1929 en Estados Unidos.
Una contracción histórica de 15,75 % durante el segundo trimestre, la disminución de la inversión en 33 %, las exportaciones en 25 %, el consumo en 15 %, el desempleo en 10 % por debajo del nivel en le que estaba antes de la pandemia; conllevan al mayor desafío de la economía nacional en décadas.
Los analistas más optimistas auguran una larga y lenta recuperación, sin embargo, en estos casos, hacer uso de los instrumentos de política económica que tienen los estados, aplicando toda clase de medidas de orden monetario y fiscal, de tipo expansivo a fin de lograr la tan ansiada recuperación económica, pueden sacar a flote al país de una manera menos traumática.
Instrumentos de política monetaria
Colombia con un decrecimiento económico del PIB -6,58 %, con una inflación del 1,56 %, no tiene otra salida, que buscar la recuperación de la economía, aprovechando todas las medidas de política monetaria disponibles, tales como: la tasa de intervención del banco de la república que actualmente se ubica en 1.6 %, la cual debería bajar aún más la tasa de los créditos, pues hasta el momento éstos han caído en -1,6 %. El gobierno debe “inyectar” la suficiente liquidez al sistema, para aumentar el multiplicador de la inversión y la velocidad del dinero, así, se “irriga” a toda la economía paralizada en estos momentos.
Con un nivel de desempleo en casi el 20 % (en los mejores análisis) exige que la recuperación y la inserción de toda la población económicamente activa (jóvenes, discapacitados, adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad) sea un imperativo de orden mayor, así, con ingresos estables, manteniendo vigentes los decretos de ayuda a estos grupos sociales, se fortalecería la demanda agregada de bienes y servicios, el sistema general de pensiones y el impulso del consumo como garantes del crecimiento.
Una manera ortodoxa en materia económica por parte del gobierno, para cuadrar las finanzas del Estado y sostener los programas de reactivación económica (sin recurrir otra vez a la fórmula básica de una reforma tributaria que resultaría gravosa) sería aumentar la tasa de los TES en un punto porcentual hasta 4 %, para captar la atención de los inversionistas públicos y privados, nacionales e internacionales y así disminuir el peso de la deuda externa en dólares que sobre el PIB, podría llegar este año a 67 %, -situación ciertamente riesgosa en materia de estabilidad macroeconómica- e intercambiar deuda interna en pesos.
Mantener el tejido empresarial está en la conciencia de los gobiernos y de la sociedad en general y por fin se demostró tanto para “tirios y troyanos”, que las empresas y empresarios sostienen el país, la economía, el empleo, los impuestos, la inversión; no es con el sector público, vía gasto ni subsidios, como se recupera una economía de manera sostenible.
Si no se mantiene la dinámica empresarial y los ingresos de las empresas ¿Cómo se van a mantener los empleos, la inversión y la producción? sólo basta ver como ejemplo, economías que buscaron apoyar empresas bajando el impuesto de renta al 20 %; estas, han devuelto con creces, con un aumento del 25 % en los impuestos -más que en años anteriores- lo que hizo que llegaran rápidamente a condiciones de pleno empleo y crecimiento económico, lo cual sin duda, refleja una tendencia mundial. Les corresponde entonces a las autoridades generar condiciones y ambientes favorables para la recuperación de las empresas.
Instrumentos de política fiscal
Desde el punto de vista fiscal, los gobiernos tienen un arsenal de posibilidades que, van desde la financiación de programas de inversión en infraestructura que generan empleo, la activación de proyectos de gran envergadura, con la correspondiente atracción de la inversión extranjera directa, para construir sistemas masivos de transporte como: metros, ferrocarriles entre ciudades, recuperación de la navegabilidad de los ríos, ampliación y mantenimiento de la red terciaria; todas estas, actividades intensivas en mano de obra, que requieren grandes capitales para la generación de bienes públicos, con un impacto social importante.
No podemos dejar a un lado la producción agrícola, así como la profundización de su vocación en nuestro país, los cuales deben tener respaldo con incentivos y garantías comerciales a los productos del campo mediante créditos y subsidios, para la compra de maquinaria, insumos, semillas, control de plagas, etc., conforman un conjunto de medidas que pueden sacar a flote la economía.
Se impone un sistema de flexibilización laboral con formalidad, para facilitar el acceso al empleo a grandes grupos sociales – como los jóvenes- al aparato productivo, cuya mano de obra es calificada y profesional en muchos casos; ello podría causar una transformación positiva del mercado laboral y empresarial, por el influjo de ese nuevo conocimiento en tecnologías e innovación, propias de la población juvenil. La tecnología se ha convertido en el eje del consumo, la oferta y la distribución actual.
Seguridad
Sin duda, la seguridad como garante del orden social, debe ser el primer anillo para lograr la eficacia de las medidas anteriormente expuestas, las cabezas encargadas de las políticas públicas, deberían preguntarse: ¿cuál sería la principal amenaza para la recuperación económica?
Desde el gremio de la seguridad, vemos que la mayor amenaza es que vuelvan las marchas y la protesta social, articuladas por agentes desestabilizadores externos, como se pudo comprobar en los actos vandálicos del 29 de noviembre de 2019, nuestra mayor preocupación, es que esas fuerzas desestabilizadoras y las coincidencias transitorias con algunas ideologías políticas, profundicen la polarización; lo que impediría aún más la gobernabilidad y se convertiría en obstáculo para la recuperación económica, sin que ninguna de las medidas planteadas tanto en el orden fiscal y monetario, logre sus objetivos.
Debemos tener presente, que es más fácil destruir, que recuperar lo que se ha construido; la capacidad productiva del país puede quedar en vilo, si no se acompaña de un acuerdo social, para no permitir que hechos graves, como los asesinatos selectivos, la ocupación de zonas por parte del narcotráfico y el crimen organizado, atenten contra la recuperación económica.
El factor confianza, la unidad nacional y la solidaridad, históricamente han sido elementos constitutivos del nuevo surgimiento de las naciones, porque imprimen un nuevo impulso, hay que seguir el ejemplo de varios países, que después de quedar devastados por diferentes eventos como las guerras en el caso de Alemania y el pueblo judío o desastres naturales como los de Indonesia, Japón, Chile y México o pandemias como la peste negra y gripe española, de los cuales lograron recuperarse sostenidamente.
Los indicadores sociales de seguridad como: los homicidios, hurtos, atracos y asaltos, tendrían que disminuir y mantener tendencia a la baja, mediante la articulación pública y privada, el aislamiento de grupos vandálicos y desestabilizadores, para garantizar el orden social necesario para el progreso; así, no se prolongaría la crisis y se atendería mucho más rápido las necesidades de la población, en materia de educación, salud, infraestructura y empleo; pero si no recuperamos la seguridad y no alejamos los fantasmas de una segunda ola de contagio, los síntomas de crecimiento podrían esfumarse por completo.
Por supuesto que hay que tener en cuenta una recuperación más verde, más justa, más inteligente, más segura, esa es la aspiración de todos los gobiernos en aras del interés general y así lograr la activación de las variables macroeconómicas en términos de comercio y bienes industriales como lo ha dicho Kristalina Giorgeva, Presidente del FMI.
En ese contexto es vital la colaboración internacional, para dar respuesta a los grandes problemas de salud pública, que pueden aparecer nuevamente en mayor o menor escala por cuenta del COVID 19, según la OMS, por ello, es necesario buscar un consenso científico sobre la causa de las enfermedades globales y sus formas de mitigarla, como lo menciona Era Norris en finanzas y desarrollo de junio 2020.
En el panorama colombiano, corresponde al gobierno articular con todas la autoridades locales y regionales, un trabajo conjunto de gobernabilidad, con el propósito de estabilizar al país, concertar la acción política con los partidos y las instituciones democráticas como el Congreso, para evitar la polarización, así como la coordinación institucional con todas las agencias del Estado, a fin de concretar la implementación de dichas medidas de manera eficiente y colaborativa.
La unión de estos propósitos, deben ser vinculados con el poder judicial: las cortes, la fiscalía, autoridades de policía y militares, para invitarles a perseguir los delitos y los delincuentes que de manera sistemática vulneran los derechos de todos los colombianos; que nos impide vivir dignamente, en condiciones económicas, de seguridad, paz y justicia estables, que son la verdadera esencia del progreso y desarrollo de nuestra amada nación.
El consenso será decisivo para el futuro de nuestro país, inclusive para estar de acuerdo sobre los transgresores de la convivencia y aplicarles todo el peso de la ley, que dadas las actuales circunstancias de caos y de inseguridad, se refugian en una errónea interpretación de la responsabilidad legal y la ideologización de la justicia.
