Guillermo Sinisterra
El país se comienza a preparar para enfrentar la reactivación económica durante lo que queda de este año y el primer trimestre del próximo año, aunque en realidad se trata de una estrategia que debe incluir elementos de corto, mediano y largo plazo. El borrador de proyecto CONPES de reactivación económica, plantea un conjunto de estrategias y líneas de acción que están pensadas para mitigar los efectos del Covid-19 sobre la economía y retomar una senda de crecimiento de largo plazo que se había comenzado a forjar desde 2017[1]. Muchas de estas estrategias desbordan el alcance del gobierno y creo que son de carácter normativo, pero para lograrlas se necesitarían cambios institucionales que implican al menos una generación. Estrategias como ayudar a implementar la formación de trabajo en el sector rural, escoger sectores estratégicos que sean polo de desarrollo o sacar instrumentos para que las aseguradoras cubran el lucro cesante, un mercado en el que nunca han querido incursionar por su alto riesgo, no van a ser implementadas en corto plazo y dudo mucho que en el mediano plazo. Tampoco es muy convincente, a pesar de que es muy oportuna, la propuesta de modernizar el aparato productivo en un periodo de baja demanda, bajos ingresos y mucha incertidumbre.
Existen otras estrategias que pueden ser de mas corto plazo como la flexibilización del mercado laboral, la reducción de la carga tributaria para las empresas, que incluye los aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar; lo cual abarataría los costos de contratación, aunque reduciría el bienestar de los trabajadores incumbentes. Tampoco se ven muy viables los incentivos a contratar jóvenes sin experiencia cuando hay personas con experiencia desocupadas en todos los sectores. Estas medidas no parecen lidiar con el 50% de informalidad que tenemos en el mercado laboral y que aumentará debido a la pandemia.
Sin embargo, la visión del gobierno es muy amplia y creo que, para acotarla, por lo menos en la respuesta del corto plazo, se podría tener en cuenta los resultados del mercado laboral que el DANE arrojó en septiembre.
Según esta institución, el número de personas ocupadas en las 13 principales áreas urbanas cayó en 11,4% entre septiembre de este año y septiembre del año anterior, mientras que el total nacional cayó el 9% en el mismo periodo de tiempo. Las 13 principales ciudades contribuyeron con el 63% de la caída de población ocupada en el país, lo que muestra la fuerza de las economías de aglomeración que tienen los centros urbanos. En las ciudades se concentra mas el empleo por lo que sus dinámicas también son mas sensibles a choques externos como los que acaban de ocurrir.
Es necesario reportar que en esta caída del número de ocupados de 2 millones de personas, se presentó una reducción de 628.000, hombres mientras que 1.3 millones fueron mujeres. Sin embargo, la diferencia en las 13 principales ciudades entre hombres y mujeres no es tan marcada; la mayor diferencia entre hombres y mujeres se dio en ciudades pequeñas y en el sector rural. En un grupo importante de ciudades intermedias que incluye a Tunja, Florencia, Neiva, Popayán, Rioacha, Quibdó, Valledupar, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, la pérdida de empleo de las mujeres fue casi tres veces la pérdida del empleo masculino. En los municipios pequeños la tasa de destrucción laboral de las mujeres fue ocho veces la de los hombres.
Dentro de las personas ocupadas en Colombia, el 75% tenían bajo nivel educativo, es decir, hasta educación media, pero de los que perdieron su trabajo el 78% estaban en ese rango educativo.
Los sectores que mas aportaron a la destrucción de empleo fueron administración pública, defensa, educación y atención a la salud humana (asistentes de oficinas de médicos, docentes, auxiliares, etc), alojamiento y servicios de comida, actividades científicas, técnica, comercio y reparación de vehículos. Sorprendentemente la construcción y la manufactura tuvieron recuperaciones notables de empleo con respecto al mes de abril, ya que fueron las que primero entraron a funcionar.
Una vez más, se muestran indicadores claros de que la pandemia golpeó mas fuerte a las mujeres que a los hombres, que los que mas sufrieron fueron los menos capacitados, que las áreas rurales y las ciudades pequeñas se llevaron gran parte de la carga y también se pueden identificar claramente los sectores en los cuales se vio más pronunciada la caída en el empleo, lo que pueden ser los componentes para una política de generación de empleo en la pospandemia.
Es necesario que la política tenga un tratamiento diferencial por género, que se centre en el empleo rural y que trate de articular a las ciudades pequeñas con el aparato productivo nacional y finalmente, que afecte directamente a los sectores que han contribuido mas con la destrucción laboral.
El espinoso tema de la flexibilización laboral y de la pérdida de algunos derechos de los trabajadores incumbentes, debe ser abordado con ámbito regional[2] como lo plantean Arango y Flórez (2020) del banco de la república. Aunque la línea de pobreza monetaria extrema, que resume el costo de la canasta para lograr la ingesta calórica mínima durante un mes en Bogotá es 40% mas alta que en Sincelejo[3], el salario mínimo es igual para las dos ciudades, esto juega en contra de la formalización y la consolidación del tejido empresarial en ciudades pequeñas e intermedias.
No es fácil plantear estrategias de recuperación en medio de la peor crisis económica en la historia reciente del país, pero es el momento de tener en cuenta heterogeneidades entre ciudades y géneros y de buscar caminos para disminuir los costos de contratación para así reducir el sector informal.
[1] El borrador de CONPES se puede encontrar en: https://drive.google.com/file/d/1oCn4PWwi9joLsjtu-OYcHMIbbx2ELqbp/view
[2] https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1023
[3] http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/689/get_microdata
