foto: tomada del país.com

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha acusado a la Fiscalía de poner en riesgo la salud de su madre durante el operativo que han llevado a cabo en casa de su hermana, en el marco del caso Sarratea, en el que se investiga supuestos delitos de tráfico de influencias y trato de favor en la entrega de obras públicas.

«La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la nación por la salud de mi señora madre», ha denunciado Castillo en su Twitter.

La queja de Castillo tiene lugar poco después de que este martes las autoridades peruanos irrumpieran en el inmueble, situado en la calle Sarratea, en el distrito limeño de Breña (oeste), en el que supuestamente, según las investigaciones, tenían lugar estos encuentros entre el presidente peruano y los suyos.

El Poder Judicial ha emitido una orden de detención preliminar durante diez días contra otras seis personas que estarían involucradas en este caso de corrupción, entre ellos el dueño de esta casa, Alejandro Sánchez Sánchez, quien no se encontraba en la vivienda durante el registro, y Biberto Castillo, supuesto miembro del ‘gabinete en la sombra’ de Castillo.

La investigación contra Castillo surgió tras un reportaje en la televisión peruana en el que se le acusaba de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas.

Mientras tanto, está previsto que la fiscal general del país, Patricia Benavides, presente no más tarde de esta semana una acusación con hasta tres delitos contra el presidente Castillo por organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la que intentar echarle del cargo.

La denuncia de Benavides sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto Puente Tarata III y en la compra de biodiésel B100 por parte de Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias con la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú.