Foto: EFE – Alberto Valdés

El Servicio Electoral de Chile (Servel) ha informado de que, según los datos preliminares, el ‘rechazo’ al referéndum del proyecto de una nueva Constitución se ha impuesto frente al ‘apruebo’ con una amplia mayoría.

Con el 72.19 por ciento de las mesas escrutadas –cerca de 28.000 mesas de un total de 38.700–, el ‘rechazo’ obtiene el 62.20 por ciento de los votos, mientras que el ‘apruebo’ consigue el 37.80 por ciento de las papeletas.

De estos votos, el 1.52 por ciento ha sido nulo, mientras que el 0.58 por ciento ha sido voto en blanco.

El Servel ha detallado que en las 16 regiones del país se ha impuesto la opción del ‘rechazo’, mientras que la del ‘apruebo’ ha ganado únicamente en el extranjero, resultados que el Servel incorporó al sistema en un primer momento por la diferencia horaria.

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional, sin importar cuál sea la opción ganadora.

Entre los partidos políticos de Chile, ya sean de izquierdas o derechas, existe un consenso político de que hay que llevar a cabo una nueva Carta Magna que elimine la Constitución del exdictador Augusto Pinochet, y que sea elegida por la ciudadanía.

El cierre de mesas en los colegios electorales de Chile se produjo a las 18.00 horas (medianoche en la hora peninsular española), momento en el que comenzó el conteo oficial de votos.

Más de 15 millones de chilenos han sido llamados a participar en este proceso en el que el voto es obligatorio por primera vez en 13 años, incluidos los chilenos residentes en el extranjero. Por ello, la participación en este plebiscito se considera histórica.

Los votantes han respondido a esta pregunta: «¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?».

Según el texto propuesto, el Estado de Chile pasaría a ser considerado como «plurinacional», se contempla el derecho de las poblaciones indígenas a opinar sobre asuntos que les afecten y se ponen por escrito derechos sobre el aborto –sin nombrarlo expresamente– o en materia de vivienda.

Las reformas se extenderían también a algunas de la principales instituciones, con un cambio estructural en el sistema judicial y la desaparición del Senado, reconvertido en una Cámara de Representantes en caso de que triunfe el ‘apruebo’.