El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado su pretensión de incluir una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente en el referéndum que tiene previsto realizar a finales de año, un extremo que requiere la autorización previa por parte del Tribunal Constitucional del país latinoamericano.

En una misiva difundida por la Presidencia, el mandatario ha defendido que es «esencial» incluir esta pregunta y «convocar a una Asamblea Constituyente (…) que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional».

En esta línea, Noboa ha considerado que «por demasiado tiempo nuestro país ha estado detenido» debido a unas instituciones a las que ha acusado de «olvidar a quienes debían servir».

«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo. Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez», ha señalado.

Noboa ha acusado al «activismo político» de rechazar las preguntas presentadas por su Ejecutivo, agregando que «saben que el pueblo aceptaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear».

«No hay espacio para la excusa, solo para la acción», ha defendido en una carta en la que ha asegurado que «esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos». «Si algo nos caracteriza como proyecto, es la firme convicción (de) que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad», ha agregado.

Sus declaraciones llegan después de cuestionar decisiones del Tribunal: «¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida», ha señalado en una entrevista de la que se ha hecho eco el diario ‘Primicias’.

El mandatario ya ha pedido al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre cómo tramitar la modificación de la Constitución en cuatro temas: la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a jueces del mencionado tribunal.

Cabe recordar que otras dos cuestiones –la prohibición de establecer bases militares extranjeras» y la asignación de recursos públicos a los partidos políticos– ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y están en manos de la corte.