La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que durante la administración del presidente Rodrigo Duterte se batió el récord de abogados asesinados en el país, con un total de 61 víctimas en los cinco años desde que asumió el cargo.

Así las cosas, Filipinas se convierte en la legislatura más sangrienta para los abogados, ya que desde 1972 han sido asesinados 110, de los cuales 61 han muerto de forma violenta en los últimos cinco años.

Además, desde 2004 solo se han presentado cargos en siete casos en los que los abogados fueron víctimas, «lo que subraya la falta de rendición de cuentas por delitos graves en Filipinas», señala HRW.

El Grupo de Asistencia Legal Gratuita (FLAG), ONG que rastrean los asesinatos de abogados, ha detallado que más de la mitad estaban relacionados con el trabajo, mientras que la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL), señala que la mayoría de los muertos eran víctimas de la «guerra contra las drogas» o víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Entre los casos que detalla la organización de asesinatos a abogados está el de Benjamín Ramos matado a tiros por hombres armados en 2018 en Negros Occidental, una provincia en el centro de Filipinas que ha experimentado un aumento de la violencia dirigida contra los organizadores laborales de las plantaciones, los grupos campesinos y los defensores de los derechos.

A principios de este mes, hombres enmascarados apuñalaron a Angelo Karlo Guillén, secretario general de NUPL en Panay Island, con un destornillador, aunque logró sobrevivir. Guillén había manejado varios casos relacionados con los derechos, en particular el asesinato policial en diciembre de nueve miembros de un grupo de pueblos indígenas.

«Los abogados de Filipinas tienen una larga trayectoria en la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que los convierte también en objetivos», señala la organización, que también denuncia el «asesinato selectivo de filipinos arrastrados por la brutal ‘guerra contra las drogas’ o la participación en el activismo de Derechos Humanos».

La comunidad internacional liderada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «debe actuar con más decisión para presionar al gobierno de Duterte para que ponga fin a la violencia», instó Human Rights Watch.

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