La Policía Federal de Brasil ha detenido este jueves al exdiputado bolsonarista Daniel Silveira por reiterar sus ataques a las instituciones e incumplir su arresto domiciliario y también ha incautado más de 270.000 reales (49.400 euros) durante un registro en su domicilio tras una orden judicial decretada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

De Moraes ha ordenado la detención del exdiputado por el ultraconservador Partido Laborista Brasileño (PTB) después de que dañara la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario y reiterase los ataques contra las instituciones y cuestionase el proceso electoral durante las elecciones que dieron la victoria al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según ha informado el diario ‘O Globo’.

Tras ordenar su detención, el exdiputado brasileño ha sido arrestado en Petrópolis, en el Estado de Río de Janeiro. Los agentes federales han encontrado cerca de 270.000 reales brasileños en su domicilio, por lo que está previsto que se anuncie una investigación para determinar la procedencia de este monto.

Silveira fue detenido por primera vez por orden del juez De Moraes en febrero de 2021 después de que el exdiputado brasileño amenazara a jueces del Supremo y atacara las instituciones judiciales. Un mes después, el magistrado decretó arresto domiciliario en su contra.

El exdiputado fue condenado a ocho años de prisión por amenazas e incitación a la violencia contra los jueces del Tribunal Supremo, aunque fue indultado por el expresidente Jair Bolsonaro y elegido posteriormente miembro de hasta cinco comisiones de la Cámara de Representantes, entre ellas la de Constitución y Justicia (CCJ).

De Moraes aseguró en junio de 2021 que Silveira, quien se presentó como candidato a senador y tenía inmunidad por su cargo político, había incumplido las condiciones de su arresto. En noviembre ordenó medidas cautelares en su contra.

La condena a Silviera –apoyada por diez jueces del máximo órgano judicial del país– fue en un principio perdonada por Bolsonaro menos de 24 horas después de que el Supremo la aprobase y antes incluso de que se pudieran agotar todas las vías para apelar el veredicto.