La discriminación y la violencia siguen siendo un patrón recurrente para la comunidad LGTBI en El Salvador, Guatemala y Honduras, sin que los gobiernos de estos tres países hayan logrado atajar de manera eficaz una persecución que, para muchos, tiene como única salida la emigración a Estados Unidos, cada vez más complicada por las restricciones a las concesiones de asilo.
Así lo denuncia la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe “‘Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos'”, en el que recoge algunos testimonios de quienes han sufrido en carne propia una discriminación que va desde el ámbito familiar al laboral, pasando por el policial.
Carlos G., un refugiado llegado desde Honduras a Estados Unidos en 2018, no se atrevió a denunciar que varios pandilleros le habían tiroteado al grito de “hoy vas a morir, marica”, mientras que Carlitos B., que se considera de género no binario, recuerda que los agentes ante los que denunció en Guatemala que su hermano le había violado se burlaron de él.
La salvadoreña Pricila P., transexual, explica en el informe que en una ocasión varios policías la obligaron a bajar del autobús y, mientras le apretaban los testículos, le dijeron: “Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor”. “Me dijo que me iba a hacer hombre a la fuerza”, relata esta mujer, que huyó a Estados Unidos después de que los pandilleros secuestrasen a un amigo suyo y la amenazasen.
El horizonte estadounidense, “la única esperanza de seguridad” en este tipo de casos, parece cada vez más complicado. “El gobierno de (Donald) Trump lo impide de todas las maneras posibles”, ha lamentado la investigadora de HRW sobre derechos LGTBI, Neela Ghoshal, quien ha advertido de que el colectivo se enfrenta a “altos niveles de violencia que sus propios gobiernos al parecer no pueden ni quieren abordar”.
“Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben actuar para erradicar la violencia generalizada contra las personas LGBT y asegurar que las leyes y políticas protejan a estas personas de la persecución, incluso por parte de policías”, ha reclamado Ghoshal. Estados Unidos, ha añadido, “debería recibirlas con los brazos abiertos en lugar de cerrarles todas las puertas”.
Tímidos pasos legales:
Tanto Honduras como El Salvador han reformado sus leyes para incorporar los delitos de odio, pero hasta ahora no han impuesto ninguna pena. Uno de los hitos en materia de rendición de cuentas tuvo lugar en julio, cuando un tribunal salvadoreño condenó a tres policías por el homicidio de una transexual deportada desde Estados Unidos, aunque también en este caso se desestimó el delito de odio.
HRW también echa en falta protecciones claras contra la discriminación, ya que aunque en Honduras sí se prohíbe discriminar en el ámbito laborar por razones de orientación sexual e identidad de género, los activistas no tienen constancia de que e haya aplicado la ley. En Guatemala, la Ley para la Protección de la Vida y la Familia actualmente en trámite podría usarse para justificar la denegación discriminatoria de servicios bajo el argumento de la libertad de conciencia.
