Unas 500.000 personas han salido este sábado a las calles de París, según la Confederación General de Trabajadores (CGT), en una nueva protesta contra la reforma de pensiones que planea el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, una cifra a la que habría que sumar la asistencia a las aproximadamente 240 convocatorias de protesta por toda Francia.

La Prefectura de la Policía parisina ha dado cuenta de 94.000 asistentes, lo que en cualquier caso confirmaría que se trata de la protesta más multitudinaria desde que comenzaron las movilizaciones contra la reforma de las pensiones.

Los sindicatos habían convocado a «toda la población» a manifestarse este sábado «aún más masivamente» que el pasado martes, cuando unas 757.000 personas salieron a la calle en toda Francia, según cifras del Ministerio del Interior, casi dos millones según los sindicatos. El objetivo declarado es «paralizar Francia» el próximo 7 de marzo.

La jornada de protesta se ha desarrollado de forma mayoritariamente pacífica, pero la Jefatura de la Policía ha dado cuenta de algunos daños materiales. La Policía ha intervenido en varias ocasiones: en un intento de asalto a una sucursal bancaria en el bulevar de Voltaire, luego a una agencia de seguros y posteriormente a un restaurante de comida rápida en la plaza de Léon Blum.

Además, «elementos radicales» intentaron causar daños en la calle de Charonne al inicio de una «marcha salvaje» poco después de las 15.00 horas. Ocho personas fueron detenidas según el informe de las 16:30 horas de la Jefatura de Policía enviado a FranceInfo.

El suceso más destacable ha tenido lugar en el aeropuerto internacional de Orly, al sur de París, donde un paro sorpresa ha obligado a la cancelación de la mitad de los vuelos.

El Gobierno francés sigue planteando elevar gradualmente la edad de jubilación hasta situarla en los 64 años –dos por encima de los 62 actuales– y aumentar el periodo de cotización requerido para acceder a la pensión máxima. El texto elimina también los privilegios específicos de ciertos grupos.

Sin embargo, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría para sacar adelante una reforma, que ha recibido críticas desde ambos lados del espectro político. El excandidato presidencial de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha reclamado al presidente del país, Emmanuel Macron, que sea «razonable» y no «autoritario».