Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han criticado el dictamen judicial que concede al dirigente chavista Diosdado Cabello la antigua sede del diario opositor ‘El Nacional’ en Caracas, como compensación por el daño moral que le reconoció el Tribunal Supremo de Justicia.

El periódico había sido condenado a pagar más de 13 millones de dólares a Cabello, ‘número dos’ del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el último capítulo del pulso librado por las autoridades chavistas contra uno de los medios emblema de la oposición política.

Para la responsable interina de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk, se trata de un «nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela». «Es parte de una maniobra iniciada en 2015 para silenciar al periódico», ha lamentado.

Taraciuk ha afirmado en Twitter que Cabello «usa la justicia a su antojo» para terminar de presionar a «uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela».

A las críticas se ha sumado también Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha condenado «categóricamente» la cesión de la sede de ‘El Nacional’ a Cabello. La ONG ya mantiene a Venezuela en el puesto 148 en su clasificación mundial de la libertad de prensa.

Según RSF, todo el proceso ha sido «opaco y arbitrario». En este sentido, ha recordado la intervención de un juez familiar de un dirigente chavista y que lo abogados del periódico no pudieron asistir a la vista.

La organización coincide con HRW en que esta última medida, «extremadamente preocupante», entronca con «una estrategia de control» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.