El Gobierno de Perú ha anunciado una prórroga del estado de emergencia durante 30 días en la capital, Lima, y otros puntos del país ante las protestas que se suceden desde hace más de dos meses contra la presidenta, Dina Boluarte, y para reclamar la convocatoria de nuevas elecciones.

El decreto presidencial, recogido por el diario oficial ‘El Peruano’, indica que se ha determinado «prorrogar el estado de emergencia por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 14 de febrero de 2023, declarado en el departamento de Lima, en la provincia constitucional del Callao, y en las siguientes carreteras de la red vial nacional: Carretera Panamericana Sur, Carretera Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y Corredor Vial Interoceánica Sur».

«La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas», señala, antes de resaltar que durante este periodo quedan limitados o suspendidos los derechos constitucionales «relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales», en línea con los términos establecidos en varios artículos de la Constitución peruano.

Por otra parte, ha especificado que la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas «se efectúa conforme» a lo dispuesto en sendos decretos que «regulan el uso de la fuerza» y «establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza» por parte de ambos organismos.

«La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas», ha zanjado.

El decreto ha sido publicado horas después de que el ministro de Economía peruano, Álex Contreras, asegurara que «ya pasó lo peor» de las protestas. «Lo peor ya pasó, lo que estamos observando es una recuperación de la economía», dijo en una entrevista para Latina Televisión. «Uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas y esa es la evidencia», recalcó.

Desde la detención del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, se han venido registrando numerosas protestas en todo el país, dejando un balance de casi medio centenar de muertos por la represión de las manifestaciones. Entre acusaciones infundadas de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo.

Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, ha descartado insistentemente presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.