La justicia peruana prohibió este sábado que el expresidente Alan García salga del país durante 18 meses, después de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

«Dispóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan García Pérez», dijo el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de un tribunal especial anticorrupción, al acoger una solicitud del fiscal José Domingo Pérez en una audiencia de una hora y media de duración a la que no asistió el exmandatario.

El fiscal Pérez, especializado en delitos de corrupción, investiga supuestas irregularidades en un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).

Pérez argumentó que la prohibición era necesaria para asegurar que García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

El defensor de Alan García, Erasmo Reyna, no rebatió el pedido del fiscal, pero alegó que su cliente ha cooperado con la justicia, fue un «buen gobernante», «sobre todo en su segundo gobierno» (el primero, en 1985-1990, terminó con hiperinflación), y no podía conocer todas las actividades de Odebrecht.

Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.

García, de 69 años, es investigado por «lavado de activos y colusión agravada» en perjuicio del Estado peruano. Si llega a ser llevado a juicio, arriesga una condena de 11 años de prisión, según la ley.

El expresidente socialdemócrata ha insistido en su inocencia. «Ni me vendí ni nada pedí», tuiteó poco antes de comenzar esta audiencia.