Una treintena de diputados peruanos de distintas formaciones vinculadas principalmente a la izquierda han registrado este lunes una moción para destituir de la Presidencia del Congreso –y, por ende, de su ejercicio en funciones en la del país– al actual mandatario encargado, José Jerí, contra el que se acumulan ya siete iniciativas como esta en relación con sus encuentros clandestinos con un empresario chino.

La moción ha sido impulsada por Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, que, además del apoyo de su partido, ha logrado el de las bancadas Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial y Bloque Democrático Popular, así como de diputados no agrupados y de Edwin Martínez, de Acción Popular.

El texto, respaldado por 26 diputados de un total de 130 que tiene la cámara, pide la salida de Jerí de la Presidencia alegando «incapacidad moral permanente» a raíz de sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang –a quien el mandatario se refirió en sede parlamentaria como ‘Johnny’–, reuniones a las que acudió ocultándose con gafas de sol y capucha y de las que salió con obsequios como dulces y cuadros, según reconoció ante los diputados aun negando cualquier hecho «ilícito» en su actuación.

Asimismo, los firmantes de esta última moción también alegan que el presidente en funciones no tiene «políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana en el sector transportes», un problema ya presente durante el mandato de la destituida Dina Boluarte y que el actual presidente encargado se comprometió a enmendar tras asumir el cargo.

Paralelamente, los parlamentarios han criticado el decreto firmado por Jerí para la privatización de Petro-Perú, argumentando que, «a pesar (de) que se pretenda instalar la idea de una supuesta ‘quiebra'», la empresa pública, «según datos oficiales, mantiene un patrimonio neto positivo aproximado de 2.200 millones de dólares (1.852 millones de euros) al tercer trimestre de 2025».

«El problema central no es la inviabilidad económica, sino un severo estrés de liquidez originado por malas decisiones de gestión, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control», han mantenido, calificando el decreto de privatización como «una salida equivocada que evade la responsabilidad del Poder Ejecutivo de plantear una reforma seria de la gestión empresarial».

En conclusión, los firmantes han advertido «enfáticamente (de) que lo que pretende el Gobierno del presidente Jerí es realizar una indebida gestión de los recursos financieros del país, en una coyuntura de un continuo estado de emergencia, donde su objetivo debe ser adoptar medidas para frenar la inseguridad y la defensa de la población ante el desborde de la criminalidad a nivel nacional, únicamente para priorizar a través de un decreto de urgencia, la transferencia de recursos financieros carentes de fundamentación técnica y jurídica».

Esta moción supone una escalada en las presiones contra Jerí, si bien el texto permanece, como en las seis anteriores iniciativas, a la espera de que termine el receso del Congreso en marzo o de la convocatoria de un pleno extraordinario, que requeriría una orden del presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi –quien lo ha descartado–, o una petición de 43 diputados.

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