El representante republicano por Pensilvania Scott Perry ha denunciado que el FBI ha confiscado su teléfono en el marco de la redada realizada por los agentes federales en la residencia en Florida del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Así lo ha anunciado en la noche este martes en un comunicado al que ha tenido acceso la cadena Fox News, en el que ha detallado que tres agentes del FBI se le han acercado con una orden judicial mientras viajaba con su familia para confiscarle el móvil.

«Esta mañana, mientras viajaba con mi familia, tres agentes del FBI me han visitado y me han confiscado mi teléfono. No han intentado comunicarse con mi abogado, quien habría hecho arreglos para que se quedaran con mi teléfono si ese fuera su deseo», ha dicho Perry en la misiva, asegurando que el dispositivo contiene informaciones personales y privadas sobre su esposa, familiar, electores y amigos.

«Estoy indignado, aunque no sorprendido, de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, haya incautado el teléfono de un miembro del Congreso», ha aseverado el parlamentario estadounidense, subrayando que «nada de esto es asunto del Gobierno».

Perry ha afirmado en su declaración que «al igual que con el presidente Trump», el Departamento de Justicia de Estados Unidos «ha elegido esta acción innecesaria y agresiva en lugar de simplemente contactar» con sus abogados.

«Este tipo de tácticas de república bananera deberían preocupar a todos los ciudadanos, especialmente considerando la decisión ante el Congreso esta semana de contratar a 87.000 nuevos agentes del Servicio de Impuestos Internos para perseguir aún más a los ciudadanos respetuosos de la ley», ha añadido.

El parlamentario ha sido objeto de interés del comité encargado de la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ya que Perry se habría comunicó numerosas veces con la Casa Blanca de Trump en los días y semanas previos al suceso.

Trump anunció en la noche del lunes que agentes del FBI estaban realizando una redada en su residencia en el resort Mar-a-Lago en Florida para investigar el posible mal manejo de documentos clasificados.

Una persona familiarizada con la investigación consultada por ‘The Washington Post’ ha asegurado que los agentes estaban realizando una búsqueda autorizada por un tribunal en relación a la causa abierta contra el exmandatario por llevarse a su residencia documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.

En enero, la Administración Nacional de Archivos y Registros recuperó tras dos meses 15 cajas de documentos y otros artículos de la residencia Mar-a-Lago que, según los funcionarios del ente, deberían haber sido entregados cuando Trump dejó la Casa Blanca.

La actuación del expresidente en relación a estos archivos generó dudas sobre si habría violado la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales de un presidente, según el citado diario.