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La Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta) ha denunciado este miércoles el asesinato de Norbey Rivera, un líder social y defensor de los Derechos Humanos de Popayán, en el departamento colombiano del Cauca.
En un comunicado, la asociación ha condenado el «vil» asesinato de Rivera y ha recordado que «pocos como él han dedicado su vida a las causas sociales». Así, han señalado que el líder social ya había recibido amenazas de muerte en el pasado, «razón por la que se había desplazado del corregimiento del Plateado a la ciudad de Popayán, donde posteriormente fue asesinado».
«Actualmente las organizaciones sociales, los líderes y lideresas hemos recibido constantes amenazas por parte de grupos armados que disputan el territorio», recoge el texto, que alerta de que organizaciones sociales como el CNA han sido amenazadas, «asesinados algunos de sus dirigentes y despojados».
En este sentido, han insistido en que esto se ha venido denunciando y han señalado que existe un «ensañamiento por parte de grupos armados contra la población civil», si bien no se ha obtenido ningún tipo de «protección» por parte de las «entidades encargadas».
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Rivera se desplazaba en un vehículo por el barrio La Ladera cuando fue interceptado por los presuntos asesinos, que le propinaron varios disparos.
Los datos de Indepaz señalan que a lo largo de 2020 han sido asesinados 309 líderes sociales en Colombia, si bien 97 de estos homicidios se han producido en el departamento de Cauca, que se ha convertido en uno de los territorios más hostiles para los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.
Tras conocer la noticia, la senadora por el partido heredero de las extintas FARC Sandra Ramírez ha lamentado que este tipo de actos ocurran «ante la mirada cínica y cómplice» del Gobierno del presidente, Iván Duque.
La organización Somos Defensores publicó en noviembre un informe en el que asegura que el 48 por ciento de los asesinatos son llevados a cabo por autores «desconocidos», mientras que otro 30 por ciento es llevado a cabo por paramilitares.
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