La Plenaria de Cámara, aprobó en segundo debate el Acto Legislativo que regula el cannabis de uso adulto, de autoría  del representante Juan Carlos Losada, quien calificó la decisión como un mensaje contundente que envía el Congreso frente a la necesidad de cambio de la política antidrogas.

A su juicio, “no tiene ningún sentido que los colombianos tengan derecho al porte y consumo de cannabis de uso adulto, pero no tengan derecho a adquirirlo de manera legal en un mercado regulado, sino que por el contrario, se vean obligados a comprarlo a redes de traficantes que son los que se han lucrado con la política prohibicionista en nuestro país”.

Para el Representante Losada: “Es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, sólo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes. Este proyecto no es un favor para los narcotraficantes, muy por el contrario, el favor es mantener la prohibición, la ganancia está en la ilegalidad del producto que se vende. Ahí es donde está el negocio de la droga”.

Desde 1994 la Corte Constitucional estableció que el porte y el consumo de drogas son acciones que se dan en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la persona y que no deben ser penalizadas, además porque, en sí mismas, el porte y consumo no afectan los derechos de las demás personas. (Sentencia C-221 de 1994).

Según el autor y coordinador ponente: “La Corte Constitucional ha dicho que es absurdo que se permita el porte y consumo de marihuana y que al mismo tiempo se impida regular la actividad de venta. Si el consumo está permitido, toca regular el mercado como un paso necesario para reducir los riesgos asociados con el consumo. Venta y consumo son actividades inescindibles pues no puede existir la segunda sin la primera”.

De igual manera, el representante afirmó que el proyecto no sólo se debe evaluar desde la perspectiva de la despenalización, sino también debe ser considerado como una gran posibilidad de crecimiento de la economía: “Así como el alcohol y el tabaco están regulados y pagan impuesto, los impuestos al consumo del cannabis pueden ser una fuente de financiación para programas sociales, de salud y de educación, incluso significaría una reactivación económica pos-pandemia”.

En este sentido, fueron aprobadas las proposiciones del Representante por el Partido Liberal Carlos Ardila para que los impuestos generados por el #CannabisDeUsoAdulto sean canalizados para solventar las necesidades de los municipios más pobres de nuestro país y de aquellos municipios que han sido víctimas de la política prohibicionista de la guerra contra las drogas. “Que poblaciones como por ejemplo las del norte del Cauca, que tienen tantos problemas sociales y de guerra alrededor de los cultivos de la marihuana, se puedan formalizar de manera simple y puedan cobrar impuestos y se le pueda llevar esos impuestos al beneficio de esta región, del país y de sus habitantes”. Reitera Losada.