Un grupo de ciudadanos se preparan para interponer una Acción Constitucional Popular, que evite que el avión de la Fiscalía General de la Nación, sea utilizado para fines que nada tienen que ver con la misión de la entidad.

Previo a presentar el recurso, quienes se encuentran interesado en que los bienes públicos se utilicen adecuadamente, presentaron el debido “Agotamiento requisito de procedibilidad Acción Constitucional Popular”, que de no cumplirse, obligará a la Acción Popular como tal.

En el caso de que la autoridad no atienda dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.

En la advertencia previa a la Acción Constitucional Popular, el grupo de ciudadano piden que se adopten las medidas de manera inmediata, que consideren necesarias con respecto al uso del avión del Fiscal General de la Nación, donde se disponga, en primer lugar, un procedimiento administrativo frente al avión, que condicione siempre su uso a un fin exclusivo y comprobado atribuido a la entidad.

En segundo lugar, que se realice el debido procedimiento donde se privilegie el uso del mencionado avión para labores propias de la entidad por parte de otros funcionarios diferentes al Fiscal General de la Nación, atendiendo a limitaciones económicas, geográficas y logísticas, donde requiera de un avión no comercial.

Por último se pide fijar las pautas, en donde se garantice que el avión mencionado no va a ser empleado por personas o labores y compromisos ajenos al fin constitucional de la entidad.

El colectivo busca proteger lo que consideran un bien pagado con recursos públicos.

El uso del avión de la Fiscalía, puesto a disposición del Fiscal General, tiene un costo que oscila entre 3.099 millones de dólares y 4.055 millones de dólares, es decir, entre $11´235.021 y $14´700.875, dependiendo la cantidad de horas voladas al finalizar cada año.