La firma en 2016 del histórico acuerdo de paz entre el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) generó la esperanza de que la violencia podía quedar atrás tras casi cinco décadas de conflicto y de que se abría una nueva era para el país. Cuatro años después, el goteo de víctimas no cesa y la violencia no solo no ha desaparecido sino que parece estar recrudeciéndose.
El proceso de paz se encuentra estancado, sin que todo lo pactado se esté cumpliendo, a lo que se suma que una parte de las FARC, las llamadas ‘disidencias’ nunca lo aceptaron, y que la negociación paralela con la otra gran guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra en punto muerto desde el brutal atentado de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá, en el que murieron 22 personas.
El resultado ha sido una proliferación de grupos armados en disputa por el territorio, entre disidencias y guerrilleros, paramilitares y grupos del crimen organizado, a los que incluso se ha venido a sumar la presencia reciente de los cárteles de la droga mexicanos. Y con ello, un repunte de la violencia que recuerda en algunas zonas a los peores momentos del conflicto.
Las matanzas se suceden casi a diario, con los líderes sociales y activistas de diversa índole –en general los relacionados con la defensa de la tierra o de grupos minoritarios y desfavorecidos– como principal objetivo y las zonas rurales como principal escenario.
Masacres y asesinatos casi diarios
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 se han producido 76 masacres en las que han sido asesinadas 303 personas –en 2017 solo hubo once–, con los departamentos de Antioquía, Cauca y Nariño como los más castigados. Solo en el mes de septiembre hubo 16 matanzas, entendiendo estas por el asesinato de al menos tres personas en un mismo suceso.
Este organismo también viene realizando un registro de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia. En lo que va de 2020 ha contabilizado 256 asesinatos de este tipo, a los que hay que sumar a doce familiares de estos activistas que han sufrido la misma suerte.
“Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos en todo el mundo para las personas que defienden los Derechos Humanos, los territorios y recursos naturales”, destacaba recientemente la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. “Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cosas han empeorado, particularmente para quienes viven en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales”, lamentaba.
Aunque la llegada de la pandemia pareció traer consigo un descenso en los asesinatos, las cifras parecen haberse disparado de nuevo. Según el análisis realizado por el proyecto ACLED, que se encarga de hacer seguimiento a la violencia en el mundo, las cifras de asesinatos pasaron de un promedio de seis semanales en abril a diez a finales de agosto, cuando se levantó el confinamiento estricto. Los datos son igualmente superiores a los del mismo periodo de 2019.
En un estudio realizado por tres profesores universitarios –Carolina Castro, Universidad de los Andes; María del Pilar López Uribe, Universidad de los Andes, y Fernando Posada, UCL Americas; así como dos expertos de ACLED, subrayan que tanto antes como después del inicio de la pandemia, más del 80 por ciento de los asesinatos son perpetrados por grupos armados no identificados o anónimos.
En su opinión, recogida en un artículo publicado por la London School of Economics (LSE), esto indica que pese a que se reconoce que la violencia contra líderes sociales y grupos vulnerables se ha recrudecido, “no existen esfuerzos para identificar si existe asociación entre los asesinatos sistemáticos y algunos grupos armados”.
Igualmente, han constatado que la pandemia ha traído consigo una menor atención sobre esta problemática, tanto por parte de la población como de los medios y las autoridades, lo que hace que sus autores “salgan impunes, social y legalmente”. La emergencia sanitaria también provocó que la protección y las garantías disminuyeran ya que la atención se centró en el coronavirus.
Objetivos principales
Pero, ¿por que se han convertido los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el principal objetivo? Uno de los motivos tiene que ver con la disputa por el control entre distintos grupos de los territorios abandonados por las FARC a raíz del acuerdo de paz. Como consecuencia de ello, subrayan, han surgido nuevas organizaciones armadas asociadas al tráfico de estupefacientes y la explotación de la minería ilegal.
También se ha constatado una vulnerabilidad particular entre quienes apoyan los programas de sustitución de cultivos de coca, que quedan a merced del narcotráfico y los grupos armados que se lucran con este negocio y que no quieren perder su fuente de ingresos.
Además, otro de los aspectos contemplados por el acuerdo de paz, la restitución de tierras, expone a los campesinos que quieren regresar a territorios en disputa de los que se vieron desplazados y despojados. Entre los asesinados este año figuran nueve personas que participaban en procesos de restitución de tierras.
Igualmente esto pone en el punto de mira a los ecologistas y otros activistas contrarios a determinados proyectos de desarrollo y explotaciones ilegales, explican los expertos en su artículo. Según la ONG Global Witness, Colombia es el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo en 2020 y en 2019 contabilizó 64 de este tipo.
Pero la violencia también tiene otro foco destacado, el de los antiguos guerrilleros ahora desmovilizados. Según Indepaz, en lo que va de 2020 un total de 56 antiguos integrantes de las FARC han sido asesinados. El partido político que ha sucedido a la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sitúa en 241 los exguerrilleros asesinados desde el acuerdo de paz.
¿Quiénes cometen los asesinatos?
En cuanto a los autores de los asesinatos, de entre los que se conoce quién estuvo detrás 63 son atribuidos a disidencias de las FARC, 59 a paramilitares rearmados y cuatro a grupos asociados al mexicano Cartel de Sinaloa.
Además, se observa una participación cada vez mayor de los miembros de las fuerzas estatales, ya que este tipo de casos pasaron de ser un 18 por ciento antes del inicio de la pandemia a un 50 por ciento después. Según el artículo, la mayoría de estos hechos están vinculados directamente a operaciones de erradicación de cultivos de coca realizadas por las fuerzas de seguridad.
Así las cosas, el repunte de la violencia ha puesto en el punto de mira al Gobierno, al que se acusa de no hacer lo suficiente para proteger a quienes firmaron la paz pero también a los activistas y defensores de Derechos Humanos a los que lo pactado puso también en una situación delicada y dejó a merced de los grupos armados, en particular en las zonas rurales, donde la presencia del Estado es menor.
“Aunque Colombia cuente en teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras”, subraya Guevara Rosas, de Amnistía.
“Si realmente quieren proteger a quienes defienden el medio ambiente, las autoridades de Colombia necesitan escuchar a las comunidades en riesgo, apoyarlas en fortalecer las estrategias que ya han desarrollado, y asegurar justicia para quienes les atacan”, incide.
