El senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino junto al candidato a la Cámara de Representantes, Gabriel Cifuentes, y varias personas más, pidieron a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente sancionada por el presidente Iván Duque.

Los demandantes consideran que la norma en mención no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema judicial, y por el contrario “realiza legitimación de la justicia por mano propia, deslegitima y estigmatiza la protesta social y aumenta las penas».

Aseguran además que esta norma desconoce el derecho a la protesta pacífica, según ellos, “pretendiendo en su redacción limitar el libre desarrollo de esta. Esta ley es una clara limitación y persecución contra la protesta social”.

Dentro de los argumentos, estiman también que, “al crearse el agravante por el uso de máscaras o elementos que oculten o dificulten la identidad, se está estigmatizando y prohibiendo el uso de elementos normales para expresarse a través del arte, la música, etc. En el sentido que quedó la norma, usar tapabocas durante el 13 desarrollo de una protesta, puede ser un agravante: vacíos normativos que pueden generar tensiones y enfrentamientos entre los manifestantes y la autoridad policial”.

La Ley de Seguridad Ciudadana aumenta las sanciones y penas para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. Asimismo, para quienes se les halle culpables de asesinar a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista asumirá la pena más alta que es de 58,3 años de prisión.