A Reinel de Jesús Osorio se lo llevaron descalzo de su casa en La Ceja, ubicada a una hora de Medellín, un grupo de hombres del Bloque Héroes de Granada de las AUC. Ese 23 de agosto de 2004 fue desaparecido y su familia supo de él una cuando les contaron que en el municipio vecino de Abejorral el Ejército lo había presentado como paramilitar muerto en combate.
Este no es solo un caso de ‘falsos positivos’ en esa región del país, en donde hubo operaciones militares como Marcial y Meteoro, durante la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, para acabar con las guerrillas Farc y ELN. Dice el informe La responsabilidad del hombre de atrás en ejecuciones extrajudiciales que en el oriente de Antioquia hubo 97 ejecuciones extrajudiciales en menos de un año, entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004. Reinel fue uno de ellos: fue desaparecido, presentado como paramilitar y luego enterrado como NN en el cementerio de Rionegro, en donde su familia lo encontró una semana después.
Hasta 2015, en el cementerio de ese municipio había 165 personas no identificadas y dos identificadas sin reclamar. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en los cementerios del país hay alrededor de 25 mil personas no identificadas, una cantidad similar al número de habitantes de Santa Fe de Antioquia, Valdivia o San Juan de Urabá.
La Agencia de Prensa del IPC accedió a algunos de los informes que el Ministerio del Interior elaboró sobre 573 cementerios del país, en donde se refieren a las cuerpos no identificadas (CNI) pero también a las irregularidades que hubo en el enterramiento y custodia de esas personas en estos sitios que intervendrán la UBPD y la JEP.
Buscar desaparecidos en los cementerios
Hugo Guerra, coordinador del Grupo de Articulación Para la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, recuerda que desde 2015 el Ministerio se interesó por el fortalecimiento de los cementerios del país, en que hubiera buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas, sobre todo porque desde ese año se expidió el Decreto 3030 de 2015 que reglamentaba la Ley 1408 de 2010, con el fin de implementar medidas que contribuyeran a localizar, identificar, inhumar y homenajear a las víctimas de desaparición forzada.
“Nuestro papel no es desenterrar personas o restos humanos, pero sí era tratar de identificar las zonas donde el Ministerio tuviera incidencia para mejorar la administración para que esos restos humanos no se perdieran”, dice Hugo.
Los hallazgos del Ministerio del Interior son preocupantes. Dice Hugo que en las zonas donde hubo más presencia de actores armados hubo más resistencia para acceder a la información. En algunos cementerios había desconocimiento sobre el manejo de los cuerpos o restos de CNI, no había control que sirviera de guía a las autoridades y las familias, además de que el único registro era la memoria de los sepultureros que, llegado el caso, al morir se perdía toda la información sobre quienes habían enterrado.
“Estos cuerpos no los envolvían y la manera de enterrarlos no era la más adecuada para la conservación, pues son una prueba judicial. Resulta que a veces las alcaldías o la iglesia hacían fosas comunes para los NN”, dice Hugo. Según la Guía Normativa para el Fortalecimiento de la Gestión de los Cementerios en Colombia, los administradores de los cementerios están obligados a informar a la Fiscalía y a Medicina Legal del ingreso de cuerpos o restos de CNI, además de que deben tener un libro de registro de estas personas que ingresan o que son inhumadas con información que luego contribuya a la identificación.
Pero lo encontrado fue distinto al deber ser. Hubo casos en los que de manera informal algunos sepultureros contaron que les ordenaron mover cuerpos dentro de los cementerios o que cambiaron las lápidas, lo que dificulta más la búsqueda, en otros cremaron los restos óseos, como sucedió en el Cementerio Universal de Medellín, como lo reveló la Agencia de Prensa IPC.
La historia de algunos cementerios
Foto: Agencia de Prensa ICP
Bolombolo es un corregimiento del municipio de Venecia, en el Suroeste antioqueño, ubicado a orillas del río Cauca. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en el cementerio hay 38 CNI pero solo tres podrían recuperarse, pues los restantes 35 están dispersos en el cementerio pero no se sabe en cuál lugar, si en una bóveda o una fosa.
El informe dice que hay una inadecuada rotulación de las bóvedas, que falta documentación que obstaculiza el acceso a información, que no hay un área específica para inhumar CNI y que muchos cuerpos fueron enterrados sin necropsia. Allí habría personas desaparecidas entre 1985 y 2003, seis de ellas rescatadas del río Cauca con signos de violencia.
“Para las víctimas de los años 80 y 90 es clave avanzar en la investigación en los cementerios y los restos de personas no identificadas que se encuentran allí”, dice en el libro Cartografías de la desaparición forzada en Colombia. Erick Arellana, integrante del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) y autor de este libro, asegura que la experiencia les llevó a reconocer que en los años ochenta las desapariciones forzadas en Colombia tenían una fuerte implicación política y que las personas desaparecidas eran arrojadas en estos lugares, como sucedió con su madre Nydia Erika Bautista.
Agrega Erick que con la formación de movimientos de víctimas y de organizaciones que reclaman y buscan a sus seres queridos, en los años noventa, los cuerpos de las personas desaparecidas fueron arrojados, destruidos y escondidos en lugares en los que sería más difícil encontrarlos e identificarlos, como los ríos y los hornos crematorios.
En cuanto a los cuerpos que llegan a los cementerios, dice, “la mayor dificultad es que hay cuerpos sobre cuerpos, cuerpos de distintas épocas. Para el trabajo antropológico es un asunto bárbaro. La mezcla de los huesos va haciendo más difícil su identificación.”
Similar a estos casos y a la situación del cementerio de Bolombolo se encuentra el cementerio de Venecia. Si bien había 31 PNI hasta octubre de 2016, nueve de ellas están en un osario común “en condiciones que no permiten su recuperación”. La mayoría de las personas tuvieron una muerte violenta y fueron rescatadas del río Cauca.
Agrega Hugo Guerra que, si había filtraciones y bóvedas en mal estado en los cementerios de las grandes ciudades, no era mejor el panorama en poblaciones pequeñas. Y en los municipios ribereños como Venecia, gran parte de las personas desaparecidas venían de otros lugares río arriba.
Con relación a Ituango, dice el Ministerio del Interior, que “el cementerio Jardín de Paz ha inhumado un total de 136 casos CNI y 0 CINR [Cuerpos Identificados No Reclamados]. En la actualidad sólo un 21% de los cuerpos tienen una ubicación recuperable, lo que indica que existen falencias institucionales para el manejo y conservación de las inhumaciones estatales.”
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Ituango hay 266 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, algunos de ellos podrían estar en el cementerio municipal. Igual que en Venecia, el cementerio de Ituango no tiene un área para la inhumación de CNI. En los libros del cementerio están reportados 91 CNI con el número de pabellón y bóveda, pero en otros casos los cuerpos están en tres osarios comunes. Según un antiguo sepulturero, los cuerpos o restos eran ingresados a los osarios en bolsas o costales sin rotular. Agrega el informe que hay 16 CNI, cuya ubicación fue “No determinada”, pero es posible que estén en los osarios comunes debido a que el libro de control de bóvedas no está actualizado”. En total, entonces, hay 91 CNI en osario común y 16 sin ubicación. Y solo 29 de estos con “ubicación recuperable”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el país hay alrededor de 82 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con la UBPD, alrededor de 25 mil están en cementerios, es decir el 30%. En estos sitios se encuentran los cuerpos y restos humanos de víctimas del conflicto sobre los que miles de familias esperan respuesta. Sin embargo, el manejo histórico de los cuerpos y las irregularidades administrativas harían más difícil encontrar e identificarlos.
