En Colombia, el hambre no solo se siente en los hogares: también está expulsando a miles de jóvenes de las aulas universitarias. En un país donde la pobreza sigue marcando la vida de millones, el acceso a la educación superior se convierte en un desafío imposible cuando ni siquiera hay un plato de comida asegurado.

Hoy, el Congreso de la República debate una propuesta legislativa que busca atacar este problema estructural: el Proyecto de Ley 574 de 2025, que crea el Programa Nacional de Alimentación Universitaria (PAU). La iniciativa pretende garantizar una alimentación gratuita, suficiente y nutritiva para todos los estudiantes de pregrado en universidades públicas del país.

Una realidad que no da espera

Según cifras de 21 universidades públicas, el 75% de los estudiantes de pregrado pertenece a los estratos 1 y 2, es decir, más de 517.000 jóvenes que enfrentan diariamente limitaciones económicas extremas. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus estudios no por falta de capacidad académica, sino porque no pueden costear su alimentación.

Para el representante a la Cámara Julián David López, autor y ponente del proyecto, el PAU es una herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación. “Este programa no es un complemento, es una necesidad estructural para asegurar que nuestros jóvenes permanezcan en las aulas y puedan rendir académicamente”, afirmó el congresista caucano.

Más presupuesto, pero menos acceso

El informe de ponencia presentado por López pone sobre la mesa una contradicción inquietante: mientras el presupuesto para las universidades públicas aumentó un 23% en 2023, el número de estudiantes apenas creció un 3%. La razón no es otra que el impacto de las condiciones socioeconómicas sobre la permanencia y el acceso educativo.

“Muchos jóvenes no se retiran porque no quieran estudiar, sino porque no tienen cómo comer, cómo transportarse, cómo sobrevivir mientras estudian”, denunció el representante.

Alimentación digna como derecho

El Programa Nacional de Alimentación Universitaria contempla dos modalidades para garantizar el acceso a alimentos: platos servidos en comedores subsidiados en su totalidad y bonos alimentarios para estudiantes de universidades que no cuenten con infraestructura de comedores.

Además, se establece un enfoque diferencial para priorizar a estudiantes gestantes, en lactancia, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y miembros de grupos étnicos.

El costo anual estimado del programa es de 770.338 millones de pesos, menos del 1% del presupuesto general del Ministerio de Educación para 2025. Para López, se trata de “una inversión social indispensable si queremos garantizar igualdad de oportunidades”.

Beneficios más allá del aula

El PAU no solo busca combatir el hambre, sino también fomentar una economía rural justa. El proyecto obliga a las universidades a priorizar la compra de alimentos a pequeños productores locales, asociaciones campesinas y comunidades agrícolas, reduciendo intermediarios y fortaleciendo la soberanía alimentaria del país.

Asimismo, la iniciativa contempla la implementación de educación nutricional, menús balanceados, estándares de calidad y sistemas de monitoreo y evaluación, lo que convierte al PAU en una política pública integral, enfocada en dignificar la vida estudiantil.

La decisión está en el Congreso

El debate legislativo que hoy se desarrolla no es uno más: tiene el potencial de transformar la vida de cientos de miles de jóvenes colombianos. Si el Congreso aprueba esta ley, el PAU podría convertirse en uno de los avances sociales más importantes de los últimos años, garantizando que el hambre no siga siendo una barrera para el acceso y permanencia en la educación superior.

“No se trata solo de ofrecer comida. Se trata de darle a cada estudiante la posibilidad real de cumplir sus sueños sin que el hambre los saque de la universidad”, concluyó López.

La pelota está en el campo del legislativo. El país espera una decisión que ponga a la educación y a la dignidad humana por encima de la indiferencia.