La vista judicial contra el Estado de Colombia por la muerte de al menos 6.000 militantes del partido Unión Patriótica (UP) en el marco del conflicto armado en el país ha comenzado este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

?#AudienciaPública del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia ??.

?La audiencia pública se realizará los días lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de febrero de 2021 a partir de las ⏰ 8:00 am (Costa Rica??)-⏰9:00 am (Colombia). pic.twitter.com/Pz3r7vINmX

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 7, 2021

La demanda fue interpuesta en diciembre de 1993 por la presunta comisión de una serie de delitos por parte del Estado contra miembros de la formación, a la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surgida de los acuerdos de paz de La Habana considera «víctima del conflicto».

El texto vincula al Estado con el asesinato de miles de militantes y señala que se incurrió en violaciones de los Derechos Humanos, como la libertad personal, la dignidad, la protección judicial, la libertad de pensamiento, expresión y asociación, así como el principio de igualdad y no discriminación, entre otros.

La demanda también indica que las víctimas fueron sometidas a una «estigmatización» por parte de altos cargos y funcionarios, que aseguraban que los militantes en cuestión pertenecían a grupos de insurgentes.

La CoIDH llevará a cabo la audiencia de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus, tal y como ha confirmado la propia corte en un mensaje en su cuenta de Twitter. Según lo previsto, la vista finalizará el próximo viernes y contará con la declaración de testigos y peritos, entre otros.

Las acciones contra Unión Patriótica se habrían producido desde 1984 y durante al menos dos décadas. Sus militantes habrían sido así víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzosos e intentos de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales, según indica la demanda.

En anteriores ocasiones, la propia CoIDH se ha pronunciado al respecto al destapar el déficit de justicia frente a la criminalización de la formación. Una impunidad, ha detallado, marcada por el desinterés y los fallos del sistema judicial en aportar soluciones y sentencias a los crímenes cometidos durante esos años de conflicto armado.

La Unión Patriótica nació en 1985 como parte de una propuesta de paz de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como alternativa política a las armas.

Desde entonces, y según ha detallado el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra el partido y sus integrantes dejó miles de muertos, entre ellos los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, así como centenares de otros militantes, entre alcaldes, diputados y concejales.

Las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico han sido señalados como los responsables de este «genocidio político», tal y como lo ha definido la UP en su cuenta de Twitter.