La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolló un proyecto de depuración normativa que tras surtir su trámite ante el Congreso de la República dio origen a la Ley 2085 de 2021.

Esta norma elimina cerca de 7.000 artículos consagrados en 608 normas con fuerza de ley consideradas anacrónicas, obsoletas o en desuso, y da certeza de funcionamiento a otras.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que con esta norma el Gobierno fortalece el sistema normativo y consolida un ordenamiento legal claro, preciso y aplicable, y brinda un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, conforme a los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Esta norma, entre otros aspectos, establece la articulación y actualización del Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol), herramienta del Ministerio de Justicia y cuya tarea será la de publicar anualmente dos listados: uno de las normas derogadas expresamente, declaradas inconstitucionales o ilegales y otro de las constitucionales y legales que hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación.

La ley, además, determina que los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales sean quienes establezcan qué normas administrativas tienen pérdida de fuerza ejecutoria, con el fin de dejarlas sin efectos mediante otras del mismo rango jerárquico.

“Se establecen beneficios para la ciudadanía como el conocimiento de las reglas de interacción entre la sociedad y el Estado, y de sus derechos y obligaciones en busca de propósitos comunes”, enfatizó el Ministro Ruiz Orejuela.

La norma también actualiza la realidad jurídica, económica, cultural e histórica del país para exigir su cumplimiento y permite al servidor público conocer sus competencias y cuáles son las sanciones por violar normas por omisión o extralimitación de funciones.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Justicia, con este proceder se consagra la cultura de la legalidad, pues se crea y profundiza en la comunidad la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas como parámetro de conducta en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad.