La agudización de la violencia armada en la frontera entre Colombia y Venezuela ha generado cinco desplazamientos «masivos» de población, cinco masacres y la muerte de cuatro líderes sociales en lo que va de año, ha advertido la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con los datos de OCHA, publicados en un informe este lunes, más de mil personas se han desplazado de esa zona en las últimas seis semanas. Además, de las cinco masacres, tres han tenido lugar en julio.

En concreto, las personas desplazadas este año hasta el momento suman 1.019 e incluye a 325 venezolanos, además de 82 indígenas wayúu y 45 adultos de la tercera edad.

OCHA ha señalado que entre los desplazados más vulnerables se cuentan los niños y adolescentes, que representan el 34 por ciento del total. También especificó que el 26 por ciento de los desplazados son mujeres.

El trabajo pone el foco en los enfrentamientos entre los grupos armados organizados que se disputan el control del territorio y de la economía ilícita, sobre todo, de la zona que colinda con Cúcuta y Tibú.

El documento destaca que esto ha ocurrido pese a que la Defensoría del Pueblo había advertido en una alerta temprana del «grave riesgo de la población civil por posibles enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado los Rastrojos, así como combates de estos con el Ejército Colombiano, generando afectaciones en civiles por quedar en medio del fuego cruzado».

El informe de OCHA prevé que seguirán registrándose desplazamientos en la frontera de Colombia durante los próximos días, debido a que los enfrentamientos armados no cesan.

Ha apuntado, también, que la población desarraigada no podrá regresar a sus comunidades mientras que las autoridades no le garanticen un entorno seguro y digno.

En este contexto, la oficina de Naciones Unidas ha subrayado que la emergencia que suponen los desplazamientos se desarrolla en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, lo que implica riesgos adicionales y dificultades de acceso de las instituciones del Estados y las organizaciones de asistencia.

Así, ha enfatizado la «urgencia» de distribuir suministros básicos de protección contra el coronavirus, como mascarillas y gel desinfectante, además de garantizar el suministro de agua potable para los albergues temporales.

También, ha llamado a «fortalecer» las capacidades de las autoridades locales en cuanto a las rutas de atención a emergencias humaitarias con afectación a población mixta, colombiana y venezolana, en el departamento.

Por otra parte, ha recomendado una «mayor coordinación» con el gobierno departamental para garantizar una respuesta humanitaria integral, pertinente y veloz, al tiempo que ha reiterado «la necesidad» de prevenir los conflictos entre las personas desplazadas, así como su resolución pacífica cuando los haya.

Finalmente, ha pedido protección «específica» para los líderes sociales al considerarlos «más expuestos» en el marco de la emergencia y ha instado a implementar protocolos de bioseguridad en los alojamientos improvisados, donde la población se encuentra hacinada.