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Confidencial Noticias 2025


La Fiscalía ha pedido la comparecencia del coronel del Ejército Yerson Ortegón Domínguez en relación a la masacre cometida en 2003 por el escuadrón paramilitar ‘Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar’ en el municipio de Chiscas, departamento Boyacá, en el centro este del país, y en la que tres personas fueron torturadas y asesinadas, otra desaparecida y una joven más violada durante varios días.

Domínguez está acusado de varios delitos, entre ellos el de desaparición forzada, tortura y homicidio en personas protegidas, secuestro y desplazamiento forzado, al considerar que los paramilitares contaron con el apoyo de las autoridades, entre las que también estaba la figura del por entonces comandante de la Policía Nacional en Chiscas, Gregory Ernesto Amado Rueda, quien ya fue condenado a 40 años de prisión.

«En el municipio de El Espino los paramilitares coordinaron acciones con la fuerza pública para no tener inconvenientes al pasar por un retén militar ubicado antes del ingreso al municipio de Chiscas. De acuerdo con lo establecido para entonces, el retén se hallaba a cargo de Yerson Alfonso Ortegón Domínguez, quien para la época era teniente del ejército y comandaba el pelotón a cargo de dicha actividad», ha explicado la Fiscalía.

Las investigaciones han revelado que el 2 de mayo de 2003, el grupo paramilitar asesinó a dos hombres y una mujer al considerar que formaban parte o colaboraban con fuerzas de alguna guerrilla. Otra víctima más fue desaparecida, sin que se tenga constancia todavía de su paradero, mientras que una cuarta, una joven de 19 años, fue sometida durante varios días a abusos sexuales.

Además de Amado Rueda, también han sido condenados otros nueve paramilitares, en su condición de postulantes a la ley de Justicia y Paz –la legislación para promover la desmovilización de los integrantes de las fuerzas paramilitares–, quienes relacionaron en estos hechos a Ortegón Domínguez, que a pesar de ser detenido en 2015, ha logrado seguir vinculado al ejército, en función de las garantías procesales.

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