La Misión de la ONU en Colombia rechazó de manera enérgica la masacre perpetrada en Samaniego, Nariño, que cobró la vida a ocho jóvenes universitarios en las últimas horas.

«La ONU en Colombia expresa su enérgica condena por la masacre de 8 jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño el día 16 de agosto, así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades. Asimismo, manifiesta su honda preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de FARC-EP en 2020″, señala la Misión de la ONU.

Precisa el pronunciamiento oficial que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado en lo que va corrido del año 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios.

A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.

«Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad», señala el pronunciamiento oficial de la Misión de la ONU en Colombia.

Para el organismo multilateral, es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto.

Finalmente, la ONU hace un llamado a «las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar
esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades».