La bancada del senado del Partido Liberal presentó a consideración del legislativo un proyecto de reforma política que iniciará su discusión en este período de sesiones ordinarias.

El proyecto busca que la elección popular de cargos y corporaciones públicas, sean financiadas preponderantemente con recursos estatales y que el Estado garantice el funcionamiento del servicio público y gratuito de transporte el día de las elecciones.

La iniciativa obliga a los partidos políticos a movimientos y candidatos a rendir públicamente cuentas sobre el origen, cuantía y destino de los ingresos y les prohíbe recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras.

Propone también que las listas a elección de corporaciones públicas (senado, cámara, concejo, asambleas y JAL), se hagan alternando entre el sistema de la lista cerrada bloqueada y el sistema del voto preferente. Para cada corporación se realizará una (1) elección bajo el sistema de la lista cerrada bloqueada y una (1) elección bajo sistema del voto preferente, de manera sucesiva.

Si el proyecto es aprobado, se crearía un Tribunal Electoral que haría parte de la jurisdicción contencioso administrativa y estará integrado por siete (7) magistrados elegidos mediante concurso de méritos.

A este Tribunal Electoral le corresponderá actuar como juez de primera instancia para:

1. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.
2. Decidir sobre las demandas de nulidad de las elecciones, con excepción de las de elección de los aforados constitucionales.

3. Por solicitud del Consejo Nacional Electoral, declarar la pérdida y suspensión de la personería jurídica y la privación del derecho a presentar candidatos en una circunscripción a los partidos y movimientos políticos.