La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ampara a los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular para desviar su actuar sin ninguna consecuencia.

En su intervención, la jefe del Ministerio Público advirtió que “la misionalidad disciplinaria concebida en la Constitución Política a la Procuraduría fue ratificada por el legislativo y es una función esencial para vigilar la conducta de todos los funcionarios públicos”.

La doctora Cabello Blanco aseguró que la nueva normativa incorpora una serie de garantías dirigidas a materializar el “respeto absoluto” por el derecho universal al debido proceso. “Es el caso de la eliminación de las únicas instancias, y las garantías de doble instancia y doble conformidad cuando en sede de apelación se dicta, por primera vez, sentencia condenatoria”.

Adicionalmente, la Procuradora recordó que los “funcionarios de elección popular no están exentos de incurrir en faltas disciplinarias, incumplir deberes, inhabilidades, conflictos de interés; su condición de electos por voto no los exime de responder por ello”.