El congresista Heráclito Landinez radicó la ponencia al proyecto de reforma política para tercer debate que tendrá lugar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
El documento trae consigo un artículo que promete generar polémica porque deja a la Procuraduría General de la Nación sin facultades para sancionar disciplinariamente a quienes ocupen cargos públicos por elección popular.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”.
Landinez considera necesaria poner a tono la legislación colombiana con la decisión de la Corte Interamericana de la cual Colombia hace parte.
“Se incluyó este artículo para armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”, explicó Landinez.
Dijo además que es necesario “es reconocer, entre otras cosas, una decisión de la Corte Interamericana donde los funcionarios elegidos, los servidores elegidos por voto popular, solo pueden perder su investidura por sentencias judiciales, no por una autoridad administrativa”.
