Cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez instauró una demanda en contra del senador Iván Cepeda Castro, por supuestos falsos testigos en su contra, jamás se imaginó que su idea se devolvería en su contra y que terminaría llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación.

Uribe alegaba que Cepeda había abusado de su investidura para visitar presos con el propósito de presionarlos para que declararan falsamente en contra suya. Sin embargo, más adelante la Corte Suprema de Justicia determinó que quien había buscado falsos testigos no era el senador del Polo Democrático sino el mismo Uribe, absolviendo al primero y abriendo investigación formal al exmandatario, para entonces senador de la república.

En el año 2020, el expresidente Uribe renunció a su curul en el Senado con el argumento de querer dedicarse únicamente a su defensa, luego de estar en prisión domiciliaria, por orden de la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que el exmandatario podría obstruir a la justicia.

Con su renuncia al Senado la Corte Suprema de Justicia pierde competencia para investigar y juzgarle, y el caso pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, quien pide en dos ocasiones la preclusión del caso, negada dos veces por los jueces del caso.

De esta manera, con la nueva Fiscalía se determina el escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, luego de estudiar  la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados.