La ONG Amnistía Internacional ha alertado que el Estado colombiano no ha estado haciendo lo suficiente durante los últimos cinco años para detener las agresiones y asesinatos contra los defensores de los Derechos Humanos, en especial activistas medioambientales, campesinos e indigenistas.
En su último informe, Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender Derechos Humanos en Colombia continúa, la ONG denuncia las “innumerables denuncias” que ha recibido por parte de quienes han estado peleando por la defensa de las libertades en el país en medio de ataques y amenazas.
“Entre 2020 y 2023, observamos que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección de personas que defienden los Derechos Humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, expuso la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023, la tendencia de asesinatos de este colectivo no solo se sostiene, sino que además crece de manera paulatina. Según el Programa Somos Defensores, en 2020, han sido asesinados 199 activistas. Hasta septiembre de 2023, INDEPAZ ya había documentado el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de Derechos Humanos.
Cifras que si bien son provisionales, resultan “alarmantes”, señala Amnistía, en cuyo informe se relatan cinco casos de estos ataques y amenazas en cuatro regiones de Colombia, como Magdalena Medio, una extensa área –aglutina hasta ocho departamentos– “fuertemente afectada por la violencia y en donde defender los Derechos Humanos es una actividad de alto riesgo”.
Amnistía presenta además un análisis general de la situación en todo el territorio, en base a los últimos años del mandato de Iván Duque y el primero del presidente Gustavo Petro. El primero, según Amnistía, desoyó las recomendaciones realizadas por las organizaciones afectadas e insistió en medidas contraproducentes, obviando además lo pactado en los acuerdos de paz de 2016.
En cuanto al nuevo Gobierno de Petro, y a pesar de un importante cambio de retórica y paradigmas para hacer frente a este problema, la ONG lamenta que la violencia ha continuado. No obstante, espera que los nuevos planes de protección que se han anunciado sirvan para atajar la violencia, aunque, insiste, la intervención estatal debe ser “completa, integral y coordinada”.
Piquer sostiene que la mejor manera de atajar este problema es atacando de manera integral y a través de varios frentes las causas estructurales que generan esta violencia. Al mitigar esto, apunta, “no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos”.
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