La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a 17 personas en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba), quienes enfrentarán cargos por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
La operación permitió evidenciar presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos (3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un calificador de instrumentos públicos, un notario y un asesor jurídico de la secretaría de gobierno de una alcaldía).
Estas personas omitían información clave en los estudios y análisis previos para la adjudicación de tierras de acuerdo a la norma.
En las investigaciones se determinó que por lo menos 277.000 m2 de tierras fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos, materializando una estafa a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras.
Estas tierras de hecho tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.

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