En el marco de un debate de control político sobre servicios públicos, en la Comisión Sexta del Senado, se evidenció que si bien, las denuncias sobre los altos costos del servicio de energía eléctrica se concentran en los departamentos de la Costa Caribe, el problema afecta a varias regiones del país.

El presidente de esta célula legislativa, senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador se refirió al “abuso en el cobro de los servicios públicos”, en muchas regiones del país; mientras que su colega, Carlos Eduardo Guevara, del Partido Mira, expresó que es “un imperativo, para el gobierno y el Congreso, ponerle freno al alto costo de energía en el país”.

Por su parte, la senadora Sandra Yaneth Jaime Cruz, vicepresidenta de la Comisión, Pacto Histórico, anotó que “más del 60 % de la población, es víctima de las empresas de prestación de servicios públicos. La gente, muchas veces deja de comprar alimentos, para poder pagar los servicios públicos”, precisó.

En el mismo sentido, el senador Pedro Hernando Flórez Porras, Pacto Histórico, denunció que, en el departamento del Atlántico, las empresas Air-e y Afinia – grupo EPM, habrían negociado en total secreto unas condiciones de operación con el gobierno anterior, según él, “en detrimento de los usuarios”, y reclamó, “que se levante la cláusula de confidencialidad para conocer de primera mano, cómo fue la negociación entre el gobierno anterior y las empresas Air-e y Afinia”.

El Superintendente del Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, tomó nota de cada una de las denuncias hechas por los senadores, en materia de costos de servicios, y planteó la necesidad de reformar a fondo la ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.